San José, 12 ago (elmundo.cr) – Con el objetivo de transformar la atención a las 7.132 personas que actualmente viven en situación de calle en Costa Rica, el Gobierno de la República anunció una nueva estrategia interinstitucional diseñada para brindar una respuesta integral, más allá de simples trámites o referencias.
Según datos oficiales, ocho de cada diez personas en esta condición son costarricenses, una problemática que las autoridades buscan abordar mediante la unión de esfuerzos entre el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Salud, CONAPAM, el PANI y el IFAM, entre otras entidades.
“Se necesita un trabajo conjunto de diferentes instituciones para atender a la población en situación de calle. La estrategia que estamos presentando incluye acciones de prevención, atención, recuperación y convivencia comunitaria”, detalló el Ejecutivo durante la presentación del plan.
La fase inicial del programa se concentrará en el distrito Merced y el Cantón Central de San José, zonas donde se contabilizan aproximadamente 753 personas en situación de calle. El enfoque principal es la coordinación directa con gobiernos municipales y organizaciones no gubernamentales (ONG), como la Casa Hogar San José y la Asociación Misionera Club de Paz, entidades que han sido fundamentales para brindar servicios básicos como alimentación, higiene y apoyo psicológico.
Precisamente, el papel de las ONG ha sido vital para la subsistencia de esta población. Usuarios de estos centros han destacado cómo el apoyo estatal, canalizado a través de convenios con el IMAS, ha permitido sostener programas que ofrecen duchas, alimentación y acompañamiento terapéutico a quienes no cuentan con redes de apoyo familiar o social.
La nueva estrategia gubernamental busca, fundamentalmente, evitar que las personas deban acudir a múltiples instituciones para recibir ayuda, centralizando la respuesta para que esta sea efectiva y continua.
El Gobierno informó que los primeros resultados de esta fase inicial serán evaluados tras un periodo de 90 días. El objetivo final es garantizar que, cuando una persona decida comenzar un proceso de rehabilitación o reinserción, encuentre una red institucional preparada para acompañarla sin interrupciones.
