San José, 16 feb (elmundo.cr) – El Gobierno calificó de temeraria, falsa y malintencionada una información divulgada por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).
La ESPH señaló que “la adjudicación del proyecto de monitoreo electrónico de privados de libertad al consorcio conformado por RACSA y socios brasileños, genera serias y fundadas dudas en la estabilidad, correcto funcionamiento y evolución de este proyecto país”.
“Este consorcio implementaría tecnología que en el pasado fue descartada por el mismo Ministerio de Justicia y Paz, por su fácil vulneración por parte de la población monitoreada y graves falencias tecnológicas. En tan sólo seis meses que el país mantuvo la tecnología brasileña, se registraron 523 casos de daños al dispositivo, lo que equivale a 87 casos por mes”, indicaron.
Ante esto, el Gobierno manifestó que “lo que define como “adjudicación” de parte del Gobierno se encuentra en análisis por parte de la Contraloría General de la República, por lo que respetuosos del debido proceso estamos a la espera de lo que resuelva la Contraloría en atención al interés público”.
“Lo que contrató el Gobierno el día de ayer, específicamente por el Ministerio de Justicia y Paz, es una contratación de urgencia, que está regulada en los artículos 66 de la Ley General de Contratación Pública y el 166 de su reglamento, amparada por el principio de legalidad. Con esta decisión el Gobierno logra un ahorro aproximado de $219.225 al mes durante el plazo de la contratación de urgencia por mínimo de seis meses que en total llegaría a $1.314.000 aproximadamente”, explicaron.
Además, aseveraron que “la empresa ESPH tuvo la oportunidad y prioridad en la negociación con el Ministerio de Justicia y Paz, pero demandó condiciones que violan la ética de este Gobierno. Cobró un precio inaceptable sobre la contratación vigente y exigió un contrato de confidencialidad para evitar que el público tuviese acceso a la información sobre la contratación”.
“La tecnología a la que se refiere el comunicado de la ESPH no corresponde a la que contrató el Ministerio. Por lo contrario, la contratación cumple con los más altos estándares de calidad y seguridad a nivel mundial, tales como ISO 9001, Índice de Nivel de Protección, IP68 y la correspondiente Certificación de Homologación de la Sutel, otorgada desde el año 2021”, agregan.
Para el Gobierno “lo paradójico y más ofensivo a la verdad es que la tecnología que opera ESPH el día de hoy no cumple con los requerimientos técnicos y estándares de calidad exigidos en el pliego de condiciones por parte del Ministerio de Justicia y Paz”.
“La tecnología contratada de urgencia tiene más de 20 años en el mercado internacional, es una solución que se brinda con éxito en varios países de Latinoamérica, con más de 100 mil tobilleras operadas desde su adopción”, añaden.
Por otro lado, indicaron que “la realidad es que la ESPH, perdió un contrato que le costaba a la población costarricense, más del doble de su valor en el mercado internacional. Y trata de ocultar el hecho en un comunicado incendiario”.
“La decisión y procesos que cuestiona la ESPH son evidencia clara que en este Gobierno se acabaron las contrataciones para firmas o grupos privilegiados. Ahora el Gobierno busca el bienestar de la mayoría y no de unos pocos”, concluyen.
