San José, 21 mar (elmundo.cr) – La Cámara de Empresarios del Combustible, se opone al contenido del proyecto de ley 22.966 Ley para atenuar los efectos sobre el precio de los combustibles y sus consecuencias producto del conflicto bélico Rusia-Ucrania, debido a que el
Gobierno “lo hace en forma autoritaria y revelando un total desconocimiento de la operación del subsector distribución de combustibles”.
Entre las fallas de conocimiento percibidas en el análisis de esta propuesta están:
• El ministro de Hacienda y el presidente, creen que el índice de referencia de precios de los combustibles para Costa Rica es el BRENT (Europeo), siendo lo correcto los precios cotizados con referencia al WTI (USA).
• El ministro de Hacienda y el presidente, creen que el margen de distribución es porcentual respecto al precio al consumidor, ignorando que el modelo del expendio valora costos de operación, por lo tanto es un monto fijo en colones por litro.
• El ministro de Hacienda y el presidente, creen que el margen de distribución ingresa integro a las cuentas de bancos, sin saber que de ese margen de distribución, se deben pagar todas las obligaciones, salarios, cargas sociales, costos operativos, servicios, cánones, impuestos, mantenimiento, prestamos y otros.
La iniciativa de ley, pretende incautar el 25% de la tarifa del margen de comercialización fijado por Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), ente técnico que utiliza un modelo de costos para determinar los costos operativos y la inversión requerida para prestar el servicio de distribución.
Según el Ing. Alberto Mesén, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Empresarios del Combustible, el proyecto de ley enviado el pasado viernes a la corriente legislativa viene a cercenar los márgenes de los distribuidores en forma brutal, y constituye una sanción económica al sector más importante y motor de la economía costarricense, sin siquiera, ni por asomo, reconocer que son los impuestos los que encarecen el precio, ya de por si encarecido por los eventos internacionales.
“Nuestra organización considera desproporcionada y falta de análisis inteligente, una propuesta totalmente reactiva, que lo único que hace es socavar al sector, sin impactar efectivamente los precios para los consumidores en general. Los gasolineros y transportistas valorararemos las acciones legales contra la propuesta y de hacerse efectiva contra los promotores de lo que será un descalabro económico sin precedentes. La propuesta desde ya genera un ambiente de inseguridad jurídica y pone en riesgo la continuidad del servicio”, expresó.
Proyecto rompe con principio de servicio al costo
Las estaciones de servicio reciben el margen de comercialización de acuerdo con la aplicación de un modelo tarifario que corre la Aresep, en donde priva el principio del servicio al costo que reconoce las inversiones, gastos y depreciación, entre otros para fijar la tarifa al prestador del servicio.
Para los empresarios del combustible con esta iniciativa de ley, “el Gobierno de manera arbitraria pretende tomar recursos de empresas privadas y disponer de ellos, sin querer meterse la mano a su bolsa, reduciendo el Impuesto Único al Combustible, que es el rubro más alto que compone el precio de las gasolinas”.
“El sector y la economía costarricense viene paulatinamente recuperándose a los niveles de operación previos a la pandemia. Esta propuesta hundirá a las ya socavadas economías, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas”, sostienen.
La iniciativa representa:
• Una confiscación de dos veces el capital de trabajo de una estación de servicio promedio.
• Devolver el margen de distribución 10 años atrás pero con los costos actuales de operación.
• Un impacto mayor a lo experimentado en plena pandemia durante el 2020
• Incautar recursos similares al pago mensual de los salarios operativos o incautar recursos similares al pago total de servicios y mantenimiento de sistemas, planta y equipo.
• La sanción económica implica 3.3 veces más el impuesto de renta que pagan en promedio las estaciones de servicio y el transporte.
Para la Cámara de aprobarse este proyecto, se retrotraerían los márgenes de distribución a más de una década, llevándolos a 42.51 colones con la salvedad; de que hace 10 años eran menos estaciones, lo volúmenes de venta eran mayores y los costos operativos mucho menores y como corolario, precedido de un período de crisis económica para todos los sectores donde al menos hubo medidas compensatorias por los efectos del Covid-19.
Además, este texto evidencia miopía respecto a la operación del sector, puesto que supone que todas las estaciones de servicio se comportan igual en sus estructuras de costos e ingresos; y por supuesto no considera ni por asomo, que la medida afectará en demasía a las más vulnerables.
“El sector gasolinero no puede aceptar una ley confiscatoria y ruinosa por nobles que sean sus propósitos, la propuesta al igual que otros actos de este Gobierno, atacan directamente a sus pobladores, irrespetan la propiedad privada y cuartan el ejercicio de la libre empresa”, manifestaron.
“Esta pírrica reducción en los precios, no genera impacto sustancial en los precios de los combustibles y destruye las economías de los sectores de distribución de combustibles. Finalmente, lo que realmente impactaría el precio es la congelación del incremento presentado días atrás motivado por la reacción del mercado internacional ante los impactos de la Guerra Rusia-Ucrania”, concluyen.
