San José, 2 nov (elmundo.cr) – La Fiscala General de la República interina, Emilia Navas Aparicio ordenó la reapertura de la causa penal seguida contra el expresidente de la República, Óscar Arias Sánchez por el caso de la mina Crucitas, en Cutris de San Carlos.
Así lo anunció este jueves el Ministerio Público mediante un comunicado de prensa, en el que se indica que la orden se giró el lunes de esta semana, para el caso que se lleva en el expediente 12-000124-0621-PE, por el presunto delito de prevaricato.
Según indicó el Ministerio Público, la causa contra el expresidente se encontraba en el Juzgado Penal de Hacienda con una desestimación desde el 2014, fundamentada en “falta de elementos probatorios”. Sin embargo, la Fiscalía General al mando de Navas indicó que tras un nuevo análisis jurídico realizado al caso, se determinó que era necesario ahondar en la búsqueda de nuevos elementos de prueba que, en su momento, no fueron incorporados al legajo de investigación.
El mismo lunes en que fue reabierta la causa, la Fiscalía General comunicó al expresidente que debía apersonarse junto con su abogado defensor para ser interrogado por este caso, que involucra la firma de un Decreto Ejecutivo para declarar “de interés público y conveniencia nacional” la actividad minera de Infinito Gold S.A., en Cutris de San Carlos.
Por la firma de ese decreto, el entonces ministro de Ambiente, Roberto Dobles fue condenado a prisión, sin embargo, la sentencia se anuló y se ordenó efectuar un nuevo juicio. Pese a ello, los jueces
“El día y hora de la indagatoria, así como otros detalles del caso no serán comunicados, en apego estricto al artículo 295 del Código Procesal Penal, el cual exige al Ministerio Público la privacidad de las actuaciones en la fase de recolección y análisis de pruebas en el proceso penal”, dijo la Fiscalía.
De acuerdo con el Ministerio Público, la reapertura del expediente obedece al análisis que había anunciado la jerarca desde su inicio de gestión, el 13 de octubre pasado, de algunos expedientes desestimados que han sido cuestionados por la opinión pública.
En esa oportunidad, la Fiscala Navas Aparicio señaló que el análisis jurídico pretende establecer si los hechos de cada caso particular merecían o no tener una investigación más profunda, en caso de no estar prescritos.
“Por tratarse de asuntos de interés de la ciudadanía, la Fiscalía General comunicará de manera oportuna, después de que otros expedientes sean analizados, si serán o no reabiertos”, concluyó el Ministerio Público.
