San José, 6 sep (elmundo.cr) – El abogado constitucionalista Fernando Zamora criticó un hecho inaudito que ocurrió en una licitación del INA que fue avalado por la Contraloría General de la República.
Zamora explicó que “el INA recibe una oferta de adquisición para un equipo que es, escuche bien, 98 millones de colones más barato que las demás ofertas y con las mismas condiciones técnicas que las otras que eran, repito, mucho, pero mucho más caras”.
“Ustedes creerán que obviamente se adjudicó la oferta que era 98 millones más barata, pero se decidió pagar una oferta mucho más cara con el pretexto de que la oferta barata le faltaban dos litros de aceite en su propuesta original, porque el INAH pedía 40 litros para el equipo y la oferta barata ofrecía dar 38 litros”, agregó.
El abogado recalcó que “no me respondan que los funcionarios lo hicieron para cumplir a cabalidad la ley. Esto es una excusa porque la Ley de Contratación Pública permite mecanismos para que la oferta se corrija o se mejore si es en beneficio de la administración y no representa una ventaja indebida, algo que evidentemente sucedía en este caso”.
“Pero no, la institución prefirió pagar 98 millones de colones de más antes que solicitar que se corrigiera agregando esos dos litros. La empresa que ofrecía la mejor oferta, o sea, la oferta muchísimo más barata y con las mismas condiciones de eficiencia, pues apeló la decisión del INA ante la Contraloría, pero la Contraloría de forma inexplicable mantuvo la decisión del INA, o sea, decidió que está bien que se pagaran los 98 millones de más y para ello la Contraloría alegó en esencia y de forma sorprendente que al no haber ofrecido esos dos litros de más, básicamente se había incumplido el cartel de licitación”, comentó.
Zamora insistió que “así de absurdamente rígidos, pese a que la ley permite la corrección para ahorrar al Estado 98 millones en una compra. Dos moralejas para esta situación. La primera, insisto en lo que ya me han escuchado ustedes decir, sigue la fiesta, la piñata, el bacanal con los precios de los contratos y obras públicas. Darle a esa piñata llamada Estado con los costos de las contrataciones públicas sigue siendo una forma de enriquecerse para algunos”.
“La segunda moraleja es que el problema no está en las leyes. La Ley de Contratación Pública permitía en sus artículos 8 y 50 corregir esta situación para que se adjudicara la oferta que era mejor para los intereses del Estado y de todos nosotros los costarricenses. El problema está en las personas y no en la ley. Las instituciones como tales son entes abstractos. Lo que determina que las instituciones caminen bien o mal son las personas que las controlan. Y parece que en este aspecto no avanzamos, sino que retrocedemos, pues seguimos tomando decisiones insensatas y moralmente incorrectas”, concluyó.
