San José, 14 oct (elmundo.cr) – A través de una serie de oficios enviados al Cosevi, MOPT, Ministerio de la Presidencia y Ministerio de Hacienda, el jefe de fracción del Partido Liberal Progresista, Eli Feinzaig, pide cuentas al Poder Ejecutivo por la contratación directa que el Cosevi pretende dar a la agencia de publicidad RTN del Sinart en el concurso “Plan de medios 2022”.
El Consejo de Seguridad Vial alega que RTN es oferente único, cuando en el país existen más de 20 agencias de publicidad a quienes se les está negando la oportunidad de participar. De hacerse efectiva esta contratación directa, Sinat recibiría ₡335 millones del erario.
De acuerdo con la Guía de Contratación Administrativa y Competencia de la Comisión para la Promoción de la Competencia (Coprocom), “las entidades públicas contratantes deben procurar diseñar las diferentes contrataciones de manera que garanticen los principios de igualdad y no discriminación entre oferentes, así como las mejores condiciones de competencia posibles.”
Adicionalmente, la Ley 7494 de Contratación Administrativa define, en el artículo 2, que la excepción de oferente único para compras directas es para cuando solo existe un único proveedor, y además, en el artículo 139 del reglamento, se establece que debe demostrarse que solo una empresa o persona en el país tiene la capacidad de ofrecer los servicios o bienes que se desea contratar.
Amparado en estos artículos, Feinzaig pide a las cuatro entidades antes mencionadas los criterios técnicos con los que se definió a RTN del Sinart como “proveedor único”.
En el oficio el diputado señala que “(…) este tipo de prácticas son nocivas y van contra la ciudadanía en dos dimensiones. De una parte, se lesiona la libre competencia y el derecho de empresas privadas de concursar y participar de posibles negocios con entidades públicas, lo que va contra la libertad de empresa y de comercio. En segundo lugar, se puede esta lesionando la Hacienda Pública, por no considerar opciones que podrían brindar el servicio por un costo menor o bien obtener más beneficios para la institución contratante por el mismo precio. Eso nunca lo sabremos porque no se les da la oportunidad”.
En su ejercicio de control político del jueves 13 de octubre, Feinzaig dijo que esto se trata de una práctica de la política añeja de la cual el país no ha podido librarse.
“Por varios años hemos visto cómo la ley de contratación administrativa se usa cada vez más a conveniencia del estatismo y menos a favor del ciudadano. Los concursos amañados, sean a favor de quien sean, atentan contra todos los costarricenses”, expresó.
Además, añadió “primero, se les niega la oportunidad a todos los oferentes de concursar por precio y calidad en igualdad de condiciones ante la ley. Segundo, sin concurso, no podemos garantizar que se elija la opción de mejor calidad posible al mínimo costo posible”.
Según el artículo 11 de la Ley de Derecho a la Petición, las instituciones públicas consultadas tienen 10 días hábiles para dar respuesta a la consulta del diputado Feinzaig. Sin embargo, y dado que el concurso otorga 24 horas para la presentación de ofertas, el diputado ha solicitado la intervención inmediata de las autoridades del Poder Ejecutivo.
