San José, 6 nov (elmundo.cr)-Como parte de una Reforma político-administrativa, el candidato presidencial de Restauración Nacional, Fabricio Alvarado, propone en su Plan de Gobierno 2018-2022 congelar aquellas plazas que por salida o pensión queden libres en todo el Poder Ejecutivo.
Esto con el fin de no hacer crecer más la burocracia pública y optimizar el exceso de personal mediante esquemas de movilidad horizontal entre y dentro de las instituciones del Estado costarricense.
Para efectos de llevar a cabo la medida, el postulante a la Presidencia de la República emitiría un decreto ejecutivo, en el que se le ordenaría a todos los jerarcas nombrados (no solo ministros), que respeten la directriz.
Alvarado también plantea promover en las instituciones del Poder Ejecutivo, un proceso de reforma administrativa que se base en la evaluación de los puntos de servicio-atención directa de los usuarios-con el fin de acabar con los “cuellos de botella” burocráticos de abajo hacia arriba.
Además crearía un equipo especializado de reforma, directamente bajo el control de la Presidencia, que intervenga los casos intolerables de “burocratismo” en las entidades.
Tampoco invertiría más dinero en consultorías de reforma del Estado, que generan a su parecer “muchos” gastos e informes “inútiles”, sin dar resultados, como hasta el día de hoy.
“No queremos más estudios y consultorías millonarias para la reforma del estado; queremos medidas concretas en las ventanillas y puntos de contacto con los ciudadanos”, señaló el actual diputado.
En ese sentido, el diputado pondría énfasis en la reducción de trámites y burocracia para fomentar el emprendedurismo como mecanismo fundamental para el desarrollo económico y social de Costa Rica.
Aunado a ello, el aspirante presidencial fomentaría una política de gestión del talento humano en el sector público, que aplique “las modernas herramientas gerenciales” orientadas hacia el trabajo en equipo y las organizaciones dirigidas hacia el aprendizaje.
Con ello buscaría avanzar hacia un régimen de empleo público unificado y que promueva la gestión flexible y diferenciada de horarios, así como el teletrabajo.
Por medio de un “Pacto Social Moral”, en la administración, desarrollaría el compromiso de todos los colaboradores del sector público, para que se comprometan con la filosofía de servicio a los ciudadanos, en el otorgamiento de los servicios públicos.
Los primeros en ser convocados a unirse a este pacto, según cita el planteamiento de Alvarado, serían todos los sindicatos del sector público.
Promulgaría un apoyo a los esfuerzos de fortalecimiento y modernización municipal en el país, que permita su profesionalización y desarrollo con criterios de “excelencia y sin politiquería”.
Asimismo, en el marco municipal negociaría un préstamo internacional de desarrollo para crear una plataforma de coordinación entre gobierno central y gobiernos locales, con el fin de recarpetear todos los caminos vecinales del país.
“Fortalecer el presupuesto para las comunidades, especialmente para proyectos comunales y de las asociaciones de desarrollo comunal. Proponemos cambiar la dinámica de las llamadas partidas específicas, para que los proyectos que se financien sean propuestos por la sociedad civil y los representantes municipales de los distritos”, agregó el legislador.
Relanzaría “agresivamente” el programa de gobierno digital, de modo que en el corto plazo la “gran” mayoría de los servicios y trámites de papel se realicen de forma computarizada, desde los hogares, oficinas y bibliotecas públicas.
En cuando al Congreso, el legislador impulsaría la tramitación de un nuevo Reglamento Legislativo a partir del 1ro de mayo de 2018-en caso de ser Presidente de la República-que le permita al Parlamento tomar decisiones de manera eficaz y ágil.
