San José, 06 dic (elmundo.cr) – La decisión del ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde, de cerrar las pulperías en los centros penitenciarios del país ha generado un intenso debate político y social.
Marcia González Aguiluz, exministra de Justicia y expresidenta del Partido Acción Ciudadana, criticó duramente la medida al señalar que afecta directamente las condiciones de higiene de los privados de libertad.
“Los comisariatos en las cárceles venden productos de aseo personal. Un 25% de los privados de libertad no reciben visitas que se los puedan suplir para su higiene personal. Estamos hablando de aproximadamente 4 mil personas hacinadas”, afirmó González. Además, denunció que “el populismo no les permite pensar en la crisis sanitaria”.
Contexto de la medida
El ministro Campos justificó el cierre inmediato de las pulperías como parte de un esfuerzo para combatir la corrupción. Según el jerarca, estos comercios operaban sin respaldo legal y habían derivado en un “negocio lucrativo” que fortalecía a grupos de poder dentro de los centros penitenciarios.
“Estamos manteniendo el orden, el control y la administración de lo que sucede dentro de los centros penitenciarios y no permitiremos prácticas que no estén amparadas a la ley”, declaró Campos.
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, respaldó la decisión, advirtiendo al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, que no tolerará acusaciones contra el ministro por desobediencia. “Si por hacer cumplir las leyes de la República […] acusan a don Gerald, él se va a defender”, enfatizó el mandatario.
Críticas a las consecuencias de la medida
González, quien lideró la cartera de Justicia en el pasado, alertó sobre el impacto de esta decisión en un sistema penitenciario ya afectado por el hacinamiento y la falta de recursos. Las pulperías eran el único medio para que muchos privados de libertad adquirieran productos básicos para su higiene personal.
La exministra también cuestionó que el gobierno no considere alternativas viables para atender las necesidades de los reclusos. “Esta medida no resuelve el problema de fondo, sino que lo agrava”, expresó.
