San José, 6 mar (elmundo.cr) – El informe de evaluación ecológica 2019 del Ministerio de Ambiente y Energía, solicitado por la diputada María José Corrales del Partido Liberación Nacional (PLN), confirma que la extracción ilegal de oro en Crucitas de Cutris, en San Carlos, se ha vuelto una práctica incontrolable.
Según la Dirección de Geología y Minas del Minae, en cuestión de un año, la cantidad de hectáreas intervenidas por coligalleros pasó de 45 a 115, representando un incremento de 70 hectáreas.
Corrales señaló que “me preocupa enormemente que las denuncias que he venido haciendo sobre el abandono en Crucitas, desde hace casi dos años, en lugar de contenerse, se incrementan, sin que exista una estrategia integral para resolverlas”.
“Más me preocupa aún que para tener acceso a estos datos tuve que interponer un recurso de amparo, porque de lo contrario el Gobierno no hubiese tenido la voluntad ni la transparencia para hacerlo”, asegura.
Para la legisladora “da vergüenza esta situación y nos descredita como país y frente al mundo para levantar una bandera de defensa del ambiente, ante semejante hipocresía”, denunció la legisladora, representante de los cantones de la zona norte del país”.
Corrales comentó que no ha existido voluntad para debatir el tema luego de que ella, junto con su compañero de bancada Jorge Luis Fonseca, presentaran el 11 de setiembre del año anterior el proyecto 21.524 Ley para el Desarrollo Social Mediante la Regulación de la Actividad Minera Metálica.
Este proyecto, elaborado con aportes del Colegio de Geólogos, la Dirección de Geología y Minas y la Escuela de Geología de la Universidad de Costa Rica, busca regular la minería ilegal, permitiendo el desarrollo de proyectos artesanales, de pequeña y mediana escala, con rigurosos requisitos ambientales y promoviendo el desarrollo de las comunidades donde opere.
Este último informe de evaluación ambiental y un anexo de acciones interinstitucionales que se han llevado a cabo en la zona, fue al que Corrales tuvo acceso luego de presentar y ganar un recurso de amparo interpuesto contra el ministro de Ambiente Carlos Manuel Rodríguez, quien incumplió el plazo de ley para la entrega de información pública.
Los magistrados constitucionales calificaron de “irrazonable” que el Minae haya tardado dos meses, desde que se solicitó el estudio por primera vez, para hacer entrega del documento.
El análisis, que abarca el 2019, también arroja resultados que a criterio de la diputada Corrales, son alarmantes.
Por ejemplo, se indica que la explotación minera y sus daños ambientales en el sector de Crucitas, abarcan 19 fincas circundantes a la finca Vivoyet. Además, que el Gobierno dejó de percibir aproximadamente $4 millones si hubiese cobrado el canon de extracción de oro, tal y como rige en la normativa actual.
También, se confirma la mecanización de la extracción ilegal de oro. Puntualmente, el informe señala que se ha detectado que los oreros están sacando el mineral fuera de la zona de extracción, para ser procesado en las comunidades aledañas o incluso en territorio nicaragüense.
“Mientras otros están aprovechando el oro nacional, bajo la clandestinidad y la permisividad de las autoridades, este informe confirma lo que he venido denunciando: que se están haciendo excavaciones de túneles más profundos y la contaminación de ríos”, manifestó Corrales.
Los detalles de este informe trascienden justo cuando este sábado 7 de marzo, el Concejo Municipal de San Carlos tendrá una sesión extraordinaria en la zona de Crucitas.
