San José, 22 ago (elmundo.cr) – Los diputados del Movimiento Libertario, Otto Guevara Guth y Natalia Díaz Quintana, así como la fracción del Partido Liberación Nacional, exigieron la renuncia o despido del viceministro de Transportes, Sebastián Urbina luego de que este supuestamente solicitara ayuda a los taxistas rojos para detener y castigar a los trabajadores de Uber en Costa Rica.
El anuncio lo hicieron los legisladores luego de que saliera a la luz pública que la Policía de Tránsito, gracias a una trampa tendida por los taxistas rojos, lograron decomisar dos vehículos en San José; mientras que otro conductor fue atacado por al menos cinco taxistas en Tibás durante la noche de ayer.
“La Presidencia de la República se debe ejercer con respeto por la Constitución y con la seriedad que el cargo merece. El fanatismo del Presidente Solís el día de ayer, actuando como un agremiado más (aclaro no todos) de la fuerza roja en contra de Uber, deja mucho que desear”, dijo Díaz Quintana.
La legisladora exige la salida de Sebastián Urbina pues, “un puesto como éste no se puede ejercer de forma parcializada, tomando partido a favor de un gremio y violentando nuestro Estado de Derecho”.
Por su lado, el jefe de bancada del Movimiento Libertario, Otto Guevara Guth la arremetió fuertemente contra el Presidente Solís.
“Señor Presidente (…) lástima que el país no se rija por un sistema parlamentario porque ayer mismo hubiera pedido su renuncia y la de su Gobierno para adelantar elecciones”, escribió el diputado en su perfil de Facebook.
Según el legislador, es imprescindible que los costarricenses valoremos la profunda gravedad de los hechos sucedidos anoche en la ciudad capital, “incitados nada menos que por el viceministro Sebastián Urbina al que le exijo su inmediata renuncia”.
“Pido a todos los partidos de oposición unirse a esta exigencia para reivindicar el estado de derecho y el respeto a la Constitución de la República. No voy a quedarme quieto ni voy a permitir que su Gobierno fascista y déspota atropelle los derechos de los ciudadanos y juegue con la libertad de todos”, agregó Guevara.
En el Partido Liberación Nacional, afirman que Urbina tenía los instrumentos jurídicos que la normativa costarricense le da, por lo que si consideraba ilegal las actuaciones de la empresa UBER, simplemente emite las ordenes a la policía de tránsito y empiezan a actuar, hasta que alguna disposición jurídica establezca con claridad la legalidad o no del servicio, pero nunca llamar a los taxistas a convertirse en funcionarios de hecho de la policía de tránsito, ya que como se demostró esto incito al odio y la violencia.
“Habría que analizar si el modelo propuesto por UBER responde a eso o no, sin embargo, la actuación del gobierno en este tema y otros, como los que implicaron a una ex ministra de Cultura a promover violencia contra el edificio legislativo por exigir mayor presupuesto, nos hacen suponer que son formas de actuar que no responden a la idiosincrasia costarricense”, indicó el jefe de los diputados liberacionistas, Julio Rojas.
Los diputados exigen una investigación de la actuación del Poder Ejecutivo, ya que desde su punto de vista, se abusó de la autoridad, se violó la Constitución y los derechos individuales, civiles y comerciales de los ciudadanos agredidos.
Franklin Corella Vargas, diputado del PAC tomó un discurso más conciliador y anunció que solicitarán una audiencia con el gerente de Uber en Costa Rica, con el afán de llegar a un acuerdo.
