REPORTAJE ESPECIAL
San José, 16 set (elmundo.cr) – La producción bananera en la zona sur costarricense –iniciada en 1925- se mantiene hace décadas en crisis, situación originada en el abandono de las plantaciones, seis décadas después, por parte de la Compañía Bananera de Costa Rica –filial de la empresa estadounidense United Fruit Company-, y agudizada, principalmente, a raíz del fracaso de iniciativas gubernamentales dirigidas a reactivar esa actividad.
Dicha crisis se agudizó, y dio paso a la toma de dos fincas en la zona –Térraba y Chánguina en 2001-, por parte de decenas de trabajadores y sus respectivas familias.
En opinión del administrador de estas fincas, Rodolfo Echeverría, el abandono inicial de las tierras, la inviabilidad de los proyectos sustitutivos del banano, así como la deficiente gestión administrativa de la estatal Corporación Bananera Nacional (Corbana), constituyen componentes clave de la situación.
El abandono de las fincas, por parte de la Compañía Bananera de Costa Rica, en 1984, durante el gobierno de Luis Alberto Monge (1982-1986), generó el desmantelamiento de las plantaciones bananeras, lo que desencadenó una severa crisis socioeconómica en la zona sur, que figura entre los sectores costarricenses con algunos de los más críticos indicadores de pobreza.
Sin embargo, a pesar del declive de la producción bananera, la administración de Calderón Fournier, decide impulsar la reactivación productiva del fruto en la zona, y encarg, a Corbana, la realización de los estudios técnicos y financieros para dicho propósito.
En ese entonces el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), ofreció condiciones de financiamiento de proyectos en cinco fincas, siempre y cuando Corbana administrara estos proyectos mediante un fideicomiso que se denominó Fibasur, en cuyo marco, las cooperativas beneficiadas entregarían a la corporación tierras, activos, y créditos bancarios utilizables en dichos proyectos.
En vista de que el BNCR solo estuvo dispuesto a financiar 5 proyectos, el gobierno invitó a empresarios privados, a invertir para lograr la cobertura de cultivo necesaria.
Sin embargo, apenas nueve meses después de iniciadas las ventas, se produjo una nueva dificultad en la compleja recuperación de la producción bananera de la zona sur, esta vez debido al incumplimiento de pago, por parte de Nobility, -empresa estadounidense que compraría el producto-. Por esto la Junta Directiva de la corporación determinó que el balance era desfavorable a los productores, lo que condujo a la ruptura del contrato.
Según el administrador de la fincas Chánguina y Térraba, Rodolfo Echeverría, “la empresa se llevó la fruta (…) les pagó la mitad del precio, y ya entraron en problema todas las fincas, porque no podían pagar los créditos”. Y agregó que, “esa compañía, la trajo el gobierno. No fueron las cooperativas, ni los empresarios a buscarla, sino que el mismo Ministerio de Agricultura fue el que la contrató”.
Ante lo ocurrido Corbana planteó un reclamo a la instancia estadounidense correspondiente, trámite al que no le dio el debido seguimiento.
Esta situación generó pérdidas considerables a las fincas, las que se vieron imposibilitadas de cumplir sus compromisos con las entidades bancarias, y el esquema comercializador colapsó.
En tal contexto, el gobierno presidido por José María Figueres (1990-1994), decretó al final del mandato, la asignación de una parte del impuesto de un dólar por caja de banano exportada –establecido en 1974-, al rescate de los productores bananeros afectados.
Según el primero de los 10 artículos del texto, “del impuesto bananero (…) por el plazo de tres años que se contará a partir de la publicación del presente decreto, las compañías comercializadoras retendrán y girarán directamente a CORBANA dos centavos de dólar”.
“El fondo que se conforme con estos recursos se destinará al servicio de los productores bananeros a través de un fideicomiso, en el cual el Ministerio de Hacienda será el fideicomitente, CORBANA la fiduciaria, y los productores bananeros y los bancos del Sistema Bancario Nacional, serán lo fideicomisarios”, de acuerdo con la disposición.
“Cuando advirtió el error que había cometido, el gobierno hizo un decreto para que las fincas pudieran subsistir, para darles un subsidio, digamos, para que no se pararan, en ese momento”, ya que, en ese entonces, “por lo menos, habían unas tres mil personas trabajando, ahí, en las fincas”, señaló Echeverría.
“Entonces, el gobierno hizo un decreto de dos centavos por caja de banano exportada a otro país, para mandarle plata, al sur -para que las fincas pagaran planilla, (el combate a la) sigatoka, el transporte-, porque, por sí solas, no subsistían, ya”, subrayó.
Asimismo, dicho subsidio serviría para “hacer préstamos directamente a los productores bananeros de la Zona del Pacífico Sur, para cancelar las deudas que estos últimos puedan adquirir, después de la publicación de este decreto, con los bancos (…) para obtener el capital de trabajo necesario para la operación de sus unidades productivas o hacer frente a deudas atrasadas con proveedores”, puntualizó.
Por su parte, el fideicomiso se estableció para garantizar los créditos que, posteriores al decreto, los bancos “concedan a aquellos productores bananeros de la Zona del Pacífico Sur, que en ese momento tengan deudas pendientes con sus proveedores o necesidades de capital para su operación, que de no resolverse les impidan continuar dentro de dicha actividad”, se precisó en el segundo artículo.
A pesar del subsidio de los dos centavos de dólar, las fincas bananeras no alcanzaron una producción rentable, por lo que Corbana, decidió cerrar operaciones bananeras en el sur, para lo cual giró dinero destinado al pago del pasivo laboral a los trabajadores de las fincas de Fibasur.
Sin embargo, las fincas Chánguina y Térraba fueron la excepción, ya que mantenían niveles aceptables de producción, por lo que su arrendatario Oscar Echeverría Heigold, se negó a cobrar el dinero dispuesto por Corbana para la indemnización laboral de sus trabajadores, ya que tenía la pretensión de continuar con la operación.
Rodolfo Echeverría explicó que eso ocurrió “porque ya el endeudamiento era mucho por hectárea, de todas las fincas”, de modo que “Corbana le recomendó, al Gobierno, que ya no más, y que más bien se entregaran en dación en pago, las fincas, o a un remate de las fincas, y, efectivamente, eso (el remate) fue lo que pasó”, en 2001.
Ocupación de las Fincas Térraba y Chánguina
A pesar de las intenciones de Echeverría Heigold de continuar con la producción bananera en ambas fincas, el empresario reconoció que existieron problemas de atraso en los salarios de sus trabajadores, quienes por esta causa llevaron a cabo en el año 2001 una huelga que resultó declarada como ilegal, y condujo al despido sin responsabilidad patronal.
Posterior a la huelga, los extrabajadores decidieron realizar la invasión de las fincas, hasta no se les resolviera el pago de la deuda, la que fue condonada por el empresario después de una resolución del Juzgado Civil de Osa emitida el 11 de junio del 2007, no obstante, los extrabajadores decidieron mantener la ocupación hasta la actualidad.
En el marco de la invasión, los ocupantes crearon una cooperativa, la cual lleva el nombre de Cooperativa Autogestionaria de Trabajadores Agrícolas de las fincas 2 y 4 (Cootraosa), inscrita el 17 de julio del 2001 ante el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP).
Al referirse a la ocupación de tierras, Rodolfo Echeverría planteó que, algunos de quienes permanecen en esos lugares, están “invadiendo fincas, y viendo a ver qué agarran, que caiga algún proyecto, y les ayude”.
Proceso de desalojo de las fincas ocupadas
Cinco años después de la ocupación, el Ministerio de Seguridad Pública emitió la resolución 1667-06 DM a los 8:30 horas del 13 de junio del 2006, la cual es la orden para proceder con el desalojo administrativo de finca Chánguina, propiedad de Coopalca del Sur, y del Cuadrante 3, propiedad de Echeverría Heigold.
No obstante, la orden de desalojo no se llevó a cabo hasta el 30 de julio de 2015, tras el acuerdo conciliatorio firmado el 5 de setiembre de 2014 entre Echeverría Heigold, como arrendatario de las propiedades, y la Procuraduría General de la República (PGR), abogado del Estado, bajo la representación del entonces Procurador Luis Diego Flores Zúñiga.
La PGR envió esta nueva resolución al Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del II circuito de San José, como Anexo a la Ejecución del Acto Firme y Favorable del Expediente 13-7668-1027-CA de Bananera Chánguina S.A y Térraba Contra el Estado, por no cumplir con la orden de desalojo dictada desde el 2006.
Tanto la resolución del Ministerio de Seguridad Pública establecida en 2006 como el acuerdo conciliatorio firmado en el año 2011, cuentan con validez legal, la cual se constata por medio del contrato de arrendamiento pactado entre Coopalca del Sur y el Echeverría Heigold.
Este contrato, firmado en el año 1991 y el cual contaba con 20 años de vigencia, por lo que su vencimiento era en el 2011, estípula en la cláusula sexta “de la suspensión del pago del precio y de la suspensión y ampliación de los plazos del contrato” qué a) “si por actos o acciones sociales, colectivos o actos o acciones, en las que resulte responsabilidad para la cooperativa, (…) se suspendieran las labores de siembra, mantenimiento, cuido, cosecha, procesamiento, empaque y exportación de banano, se suspenderán todos los plazos, por todo el tiempo que se mantengan los efectos de las causas señaladas, y se reiniciarán las labores cuando estos efectos terminen, entendiéndose por prorrogados todos los plazos no sólo por el tiempo que duraron dichos efectos, sino, por el tiempo necesario para que los trabajos (…) estén al mismo nivel o condición en que se encontraban cuando se inició la causa de suspensión”.
Esta cláusula que le otorga a Echeverría Heigold, la prórroga del plazo de arrendamiento, conduce a que legalmente, este sea el actual arrendatario de la finca Chánguina, lo cual le otorga la legalidad para solicitar el desalojo.
No obstante, en la realización de los desalojos el gobierno incumplió lo establecido en normas internacionales de derechos humanos de las que es firmante, y que estipulan entre otras cosas, que se debe garantizar la seguridad física de los afectados y su acceso a servicios básicos fundamentales.
“Los desalojos no deberían dar lugar a que haya personas que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos. Cuando los afectados por el desalojo no dispongan de recursos, el Estado Parte deberá adoptar todas las medidas necesarias (…) que permitan sus recursos, para que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas, según proceda”, como lo indicó, en su momento, la Defensoría de los Habitantes.
Primera entrega de una serie de reportajes sobre los desalojos de Finca Chánguina
Con colaboración de Laury Arce.
