San José, 19 jun (elmundo.cr) – La fiscal general, Emilia Navas destacó que la labor se ha mantenido e intensificado desde que se asumió la investigación de ‘cementazo’, con pesquisas en numerosas entidades, públicas y privadas.
Durante aproximadamente 20 meses, la Fiscalía General ha dirigido un minucioso proceso investigativo, cuyo avance, según indica Navas se evidencia en que, a la fecha, figuran como imputadas un total de 10 personas y se abrieron 22 causas penales paralelas al expediente principal (16-000013-0033-TP).
El 10 de setiembre del 2018, la Fiscalía solicitó al Juzgado Penal de Hacienda que el caso fuera declarado de tramitación compleja, al considerar que existen los presupuestos que establece el artículo 376 del Código Procesal Penal. Dicho órgano autorizó el procedimiento el 4 de octubre del 2018 y, tras una apelación, confirmó esa resolución el día 31 de ese mismo mes.
Navas señaló que “es un caso complejo, no solo por el número de imputados, sino por el tipo de hechos de corrupción que se investigan y porque involucra a los tres poderes de la República, por estar vinculados funcionarios y funcionarias que ocupan u ocuparon cargos en esas instancias”.
Esto ha hecho que el grupo de fiscales a cargo de la investigación haya tenido que solicitar una serie de diligencias, entre las cuales se encuentran cinco operativos con allanamientos en 14 sitios, 62 actas de apertura de evidencia, 18 actas de secuestro con su respectiva apertura y 69 entrevistas a testigos, entre otras actuaciones.
La causa se agrupa físicamente en 54 tomos, compuestos por 18.436 folios (páginas), estos se dividen en: 33 tomos de legajo de prueba, siete corresponden al legajo de medidas cautelares, nueve comprenden el legajo principal de investigación, dos tomos agrupan el legajo de informes de trazabilidad y los legajos de acción civil, de asistencia internacional y de entrevistas comprenden un tomo cada uno.
Por otra parte, se ha llevado a cabo diligencias que, por su nivel de especialización, implican una significativa inversión de tiempo, pues, tras ser autorizadas por el Juzgado Penal, deben ser realizadas, según sea el caso, por los auditores de la Sección de Delitos Económicos y expertos de Delitos Informáticos del Organismo de Investigación Judicial.
Respectivamente, el personal de estas áreas debe analizar la información que se obtiene producto de las diligencias y rendir un dictamen, o bien, efectuar la apertura de dispositivos electrónicos y la posterior extracción o respaldo de los elementos de interés. El resultado de este trabajo es más de 50.000 archivos electrónicos extraídos y revisados, provenientes de los equipos decomisados.
“La población puede tener seguridad y confianza de que el caso está bien atendido, adecuadamente abordado y tramitado y será resuelto con el requerimiento que corresponda, en el momento en que la primera fase de la investigación finalice; hemos tenido que trabajar día y noche para recuperar tiempo que se había perdido por la inacción del pasado”, precisó Navas.
Las actuaciones propias del caso, además, han llevado a la participación del equipo a cargo de la investigación en 38 audiencias, 22 de estas ante el Juzgado Penal y 16 ante el Tribunal Penal, cuyos tiempos de desarrollo suman una duración total de 65 días.
Actualmente, la Fiscalía General se encuentra a la espera de recibir 10 de los 46 informes de trazabilidad que solicitó a la Sección de Delitos Económicos; en estos se analiza, de forma minuciosa y detallada, el destino de $36 millones que se habrían movido en devoluciones de dinero, presuntamente hechas en 46 transacciones.
Por otra parte, se está pendiente de obtener la información producto de diligencias efectuadas fuera del país y continúa el proceso de entrevistas a testigos.
