San José, 15 may (elmundo.cr)- El Consejo de Seguridad de la ONU realizó hoy un debate abierto para llamar la atención sobre la violencia sexual en conflictos, en particular su uso como táctica de guerra o terrorismo. El debate se basa en los patrones y tendencias identificados por el reporte anual del Secretario General de las Naciones Unidas acerca del tema.
Bajo la presidencia de Uruguay, que encabeza el órgano de 15 miembros este mes, la sesión busca analizar respuestas para un fenómeno de creciente impacto en los escenarios de crisis.
El Embajador Juan Carlos Mendoza García, Representante Permanente de Costa Rica ante la ONU en su discurso urgió a la comunidad internacional a defender los derechos de las mujeres, niñas, cuyos cuerpos han sido considerados durante demasiado tiempo como botines de guerra.
“Es importante reiterar que la violencia sexual es inaceptable siempre. Es, sin embargo, especialmente preocupante su uso generalizado como táctica de terror y arma de guerra y terrorismo, donde se ejerce como una de las formas más crueles y terribles de coerción social, siendo utilizada como una estrategia para controlar e intimidar comunidades enteras, afectando en los más profundo la dignidad y autonomía de las personas” se refirió Mendoza.
El embajador mencionó que es alarmante la extensión de las restricciones a los derechos de las mujeres y las niñas promovidas por grupos extremistas, como el control y restricción de sus derechos se convierte en un elemento fundamental del conflicto, así como el surgimiento de actos terroristas expresamente dirigidos contra ellas.
En ese sentido, según Mendoza la violencia sexual perpetúa además el conflicto y debilita la seguridad y estabilidad, truncando la participación de las personas en la vida política, social y económica de sus sociedades.
“Las Naciones Unidas, como organización y, nosotros, como comunidad internacional, tenemos grandes deudas con respecto a este tema, habiendo fallado en abordar las causas de la violencia y abuso sexual por medio de medidas preventivas, así como en la eliminación de la impunidad en estos casos” enfatizó Mendoza.
En su discurso recalca que, es a los Estados a los que les corresponde establecer marcos legales e institucionales robustos con el fin sentar bases firmes para prevenir y abordar las brechas existentes en cuanto a la protección a las víctimas, en especial a las mujeres y niñas.
En la misma línea, es sumamente relevante el expandir el alcance de las medidas de protección a las poblaciones más vulnerables, como las minorías étnicas y religiosas, mujeres en áreas rurales, mujeres y niñas asociadas con grupos armados, a la población LGTBI y a niños y hombres, quienes son igualmente vulnerables a la violencia sexual y cuya prevalencia es cada vez mayor.
“Hay que trabajar de cerca con los comités de sanciones relevantes, donde la violencia sexual en el contexto de conflictos armados y terrorismo se convierta en un criterio para ser sujeto a sanciones. Todos aquellos que participen en el financiamiento, planeamiento, o apoyo a grupos armados con conexiones a actos de violencia sexual, deben poder ser incluidos en los regímenes de sanciones existentes”.
Sin embargo, para que esto sea efectivo, es importante la colaboración de actores claves que se dedican a monitorear estos casos, donde la Representante Especial del Secretario General tiene un importante papel, garantizando una fluida comunicación e intercambio de información.
“Insisto en que la prevención es clave. Un entrenamiento adecuado y centrado en asuntos de género, donde el enfoque sea la prevención. La inclusión sistemática de asesores sobre la protección de mujeres en los procesos de planificación estratégicos de misiones políticas y de operaciones para la paz, que respondan adecuadamente a la explotación y abuso sexual, así como al tráfico de personas en áreas de conflicto, es indispensable” Mendoza.
Finalizó su discurso recalcando la importancia de involucrar a las mujeres y niñas en procesos de tomas de decisión y en posiciones de liderazgo, y que se provea una perspectiva de género a todos los niveles de participación y garantizar la igualdad de oportunidades, el acceso a la educación y el empoderamiento económico, político y social de las mujeres con el fin de que mujeres y niñas, puedan asumir un rol transcendental y transformador de sus comunidades durante y post-conflicto.
El Consejo de Seguridad de la ONU ha adoptado varias resoluciones que reconocen el problema de la violencia sexual en conflictos y llaman a prevenirla y combatirla, entre ellas la 1820 (2008), 1888 (2009), 1960 (2010) y 2106 (2013).
