San José, 9 set (elmundo.cr) – La representante de las compañía CELESTRÓN S.A., dueña del Canal 9 de Costa Rica desmintió las declaraciones dadas por el Frente Amplio, respecto a la supuesta venta de la empresa y cesión de la frecuencia usada por el canal, a la empresa Multivisión TV S.A.
Con una carta fechada al 31 de agosto del presente año y dirigida a la Cámara Nacional de Radio y Televisión (CANARTEL), Ruby Lyn Silva, apoderada generalísima de CELESTRÓN S.A. y David Vargas presidente de Multivisión TV S.A. desmintieron que se hubiese efectuado fraude de Ley alguno, como lo afirmó el partido de izquierda.
“La denuncia se basa en supuestos jurídicos erróneos y en el desconocimiento por parte de los denunciantes de la figura contractual actualizada para la negociación y de la legislación aplicable al caso. Por lo tanto, resulta absolutamente irresponsable, temeraria e improcedente“, dice el documento del cual EL MUNDO tiene copia.
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Tanto Lyn Silva como Vargas desmintieron que se hubiese efectuado una cesión de la frecuencia usada por el Canal 9. “Ese no fue el negocio que se definió entre las partes. De haber sido así, el trámite de autorización se habría realizado ante el Viceministerio de Telecomunicaciones, para lo cual no existía entonces ni existe en la actualidad, impedimento legal alguno”, afirmaron.
De acuerdo con ambas partes, el acuerdo entre Celestrón S.A. y Multivisión TV S.A. se realizó al amparo de la Ley General de Telecomunicaciones y la legislación mercantil, mediante un contrato condicionado de compraventa de las acciones que componen el capital social de la primera empresa, que tiene la concesión de la frecuencia de Canal 9.
La condición para que el contrato adquiera firmeza es que las entidades rectoras y reguladoras, “que de acuerdo a las normas que rigen la materia, estén llamadas a otorgar dicha aprobación”, den su visto bueno.
“Mientras tal autorización no se otorgue, el negocio no nace a la vida jurídica”, afirmaron, secundando las declaraciones dadas a EL MUNDO por Emilio Arias, exviceministro de Telecomunicaciones y que fue denunciado por este caso, por parte del Frente Amplio.
“La solicitud de autorización (de traspaso de capital accionario) se presentó oportunamente ante la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) la cual remitió a la Comisión para la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor para lo que en derecho corresponda”, agregaron.
Los representantes de ambas empresas calificaron además la denuncia del Frente Amplio como “aventurada” y afirman que el partido con esa actuación demuestra “un total desconocimiento de las normas legales aplicables al caso”.
Asimismo, Lyn Silva y Vargas declararon que las posibles intenciones del partido de izquierda al haber interpuesto esa denuncia, consisten en “estorbar los procesos de apertura en telecomunicaciones que vive el país, el proceso de transición a la televisión digital que el MICITT ha llevado a buen paso y finalmente un intento de crear improcedentes dudas sobre la suficiencia de las regulaciones internas en materia de radio y televisión, que incluya las perniciosas figuras jurídicas que los regímenes populistas del cono sur han implantado en sus países, menoscabando la libre empresa y la libertad de información y de expresión sobre la base de un pluralismo que en la práctica resulta irreal”.
El jefe de fracción del Frente Amplio, Edgardo Araya Sibaja había afirmado a los medios de comunicación y también mediante un comunicado de prensa, que el entonces viceministro de Telecomunicaciones (hoy Ministro de Desarrollo Humano), Emilio Arias había encubierto un “fraude de ley al haber permitido la venta ilegal de Canal 9”.
“Estamos estupefactos de ver que el mismo MICITT admite que conoce de la venta de las acciones de la empresa que tiene la concesión, o sea, se dan cuenta de que se está dando un fraude que disfraza una venta ilegal de un bien de dominio público y no hacen que se cumpla la ley”, dijo en ese entonces el jefe de los frenteamplistas.
Emilio Arias en entrevista con EL MUNDO reaccionó molesto ante las afirmaciones del diputado y dijo que Araya desconoce la Ley General de Telecomunicaciones y que valora presentar una demanda en su contra para salvaguardar su honor.
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