San José, 24 set (elmunod.cr) – La Comisión de Asuntos Hacendarios, recibió esta tarde a la ministra de Trabajo, Geaninna Dinarte, para que brindara detalles sobre el proyecto 22.132, préstamo de 245 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo Económico (BID).
La jerarca tuvo un espacio para explicar la propuesta de administración del presupuesto, en la que se contempla incentivar el empleo y dar mas bonos Proteger, sin embargo, los diputados de la comisión señalaron que no existe transparencia en los datos que brindó Dinarte.
Expresamente la sección de gastos no efectuado que contiene contrato de préstamos.
El diputado Óscar Cascante, de la Unidad Social Cristiana, señaló que no votaría el proyecto tal y como está «yo si le pediría que haga una aclaración bastante concisa en ese rubro que dice gasto ya efectuado, porque sino caeríamos en un acto de ilegalidad, usted y nosotros podríamos ir a la fiscalía por aprobar presupuestos ya gastados».
Ante los cuestionamientos, Dinarte manifestó que «no es correcto afirmar que tengamos un faltante para cubrir los bonos y los estemos tapando con eso, lo rechazó categóricamente es argumento porque eso no es la realidad», además agregó que hasta el momento hay 255 mil millones destinados al bono Proteger y hasta el momento se han ejecutado en un 82%.
Por su parte, el diputado Otto Roberto Vargas dijo que considera que el gobierno necesita más dinero para gastar y que considera que está buscando que los legisladores le dan cheque en blanco para seguir gastando.
La diputada Ana Lucía Delgado expresó que existen contradicciones en las declaraciones de Dinarte, «primero afirma que $159 millones del Contrato Préstamo con el BID son para financiar gastos ya efectuados con el Bono Proteger y luego, habla que se podrían financiar gastos elegibles, pero no explica ¿Qué son gastos elegibles?».
El proyecto contempla recursos para el bono Proteger, para la protección del empleo formal en el sector turismo y para el programa Empléate.
La ejecución de los recursos de este préstamo sería auditada por la Contraloría General de la República.
