San José, 23 feb (elmundo.cr)-Diputados de la Comisión Investigadora de los Créditos Bancarios, cuestionan al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, por evitar mediar en el caso Hidrotárcoles-ICE, donde el Estado podría perder US$110 millones por daños y perjuicios.
Julio Rojas y Ronny Monge del Partido Liberación Nacional (PLN), así como Jorge Arguedas del Frente Amplio (FA), dijeron no entender porqué Casa Presidencial se mantiene al margen de la situación, luego que el ICE y el Banco Nacional se enfrascaran en problemas técnicos que puesieron en problemas el proyecto PH Capulín, desarrollado por la empresa Hidrotárcoles S.A.
El proyecto, financiado con un crédito del Banco Nacional por $107 millones, fue boicoteado por el propio ICE, que en un principio estuvo de acuerdo en modificar la fecha de entrada de operación de la planta.
Rojas atacó de frente a Luis Guillermo Solís y cuestionó la posición de Zapote. Además, abogó para que las diferentes partes se sienten en una mesa de negociación a resolver las diferencias.
“Aquí lo lógico es que estas dos instituciones se pongan de acuerdo y vayan a una conciliación de intereses. La primera pregunta que hay que hacer es: ¿quién manda en Casa Presidencial? ¿El presidente o la vicepresidente? Luis Guillermo Solís, en un acto de respeto a la decisión de los costarricenses de darle poder para que administre el Estado no lo hace. (…) Aquí, si don Luis Guillermo Solís no puede mediar en un pleito entre dos instituciones del Estado, poco honor le hace a su envestidura”, dijo el liberacionista.
Jorge Arguedas, funcionario del ICE y actual diputado, aseveró que le parece extraña la conducta de Carlos Obregón, presidente Ejecutivo del Insituto, “quien da tratos diferentes” entre las tres empresas constructuras de hidroeléctricas que tienen la misión de generar los 150 megavatios que se declararon de interés público.
El frenteamplista no pertenece al panel legislativo investigador, pero participó en la comparecencia de Obregón y Julieta Bejarano, directora Jurídica del Instituto, en la Comisión de Control y Gasto Público, la tarde de este jueves.
Ronny Monge, también del PLN y presidente de la comisión investigadora, dijo la tarde del jueves que no entiende por qué el Ejecutivo sigue manteniéndose ajeno a la situación.
“A mí lo que me parece sorprendente es que no haya habido acción del Poder Ejecutivo. El Consejo de Gobierno nombra al presidente ejecutivo del ICE, nombra a la junta directiva del Banco, no puede ser posible que aquí estemos viendo o pierde el Banco Nacional o pierde el ICE, donde las dos son empresas del Estado. Aquí se necesita que el Gobierno de la República se meta. Es un proyecto de interés público, se necesitan los 50 MB o que el ICE diga lo contrario”, dijo Monge.
Para el diputado oficialista Ottón Solís, es necesaria la intervención de Presidencia, en vista de queda fin de cuentas, el mandatario Luis Guillermo Solís es el jefe de los jerarcas del ICE y del Nacional, al tiempo de que lo que está en juego son los recursos del Estado.
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Presidencia se quedó al margen
Hidrotárcoles S.A ganó la licitiación para construir una hidroeléctrica en 2012 y de acuerdo con el contrato, debía tenerla lista en 2015. Sin embargo, una serie de atrasos administrativos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Autoridad Reguladora de los Servicios Técnicos (ARESEP) descuadraron el cronograma de la obra, lo que obligó a la entidad estatal a modificar la fecha de entrega, según el oficio N°. PHCSP61100-0088-214 del 9 de julio del 2014.
Aún así, y pese a las notas de entendimiento, en junio del 2015 el ICE se desdijo y reclamó como válida la fecha de agosto del 2015 para el inicio de operación. Como no se podía terminar la hidroeléctrica en dos meses, la entidad estatal inició un proceso de resolución del contrato, lo que afectó directamente el crédito del Banco Nacional, y por ende, el avance de la obra.
Jonatán Picado y Fernando Sánchez, representantes de Hidrotárcoles, comparecieron ante la Comisión Investigadora la tarde del jueves 8 de febrero y aseguraron que pidieron a Casa Presidencial mediar en el asunto.
Empero, desde la Dirección Jurídica de Presidencia se emitió la carta DJ-052-2018 del 1 de febrero de 2018 donde Marvin Carvajal, director del departamento, recomendó no intervenir.
“Me fue solicitado un punto de vista, como tantas otras veces en esta función. No se me requirió un criterio legal formal, por lo que este nunca fue emitido”, escribió Carvajal a pesar que la vicepresidente Ana Helena Chacón solicitó valorar la intervención de Presidencia en el caso, según el documento.
