Diputados se enfrentan por proyecto de pensiones del Poder Judicial

San José, 18 abr (elmundo.cr) – Cuatro diputados miembros de la Comisión donde se discute el proyecto de Ley de reforma a las Pensiones del Poder Judicial no se presentaron a la sesión de este martes, lo cual generó gran molestia entre los legisladores.

Se trata de Natalia Díaz, del Movimiento Libertario; Johnny Leiva, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Marcela Guerrero y Franklin Corella del Partido Acción Ciudadana (PAC).

El enojo recae en que, pese a su ausencia, los cinco diputados restantes: Sandra Piszk, Julio Rojas y Ronny Monge, del Partido Liberación Nacional (PLN); Abelino Esquivel, del Partido Renovación Costarricense (PRC) y Jorge Arguedas del Frente Amplio sí acudieron a la sesión y acordaron dar marcha atrás con un texto sustitutivo del proyecto de Ley presentado por la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) y volver al proyecto original, el cual fue presentado por el gremio judicial.

De acuerdo con los cuatro diputados ausentes, la comisión quedó desconvocada desde ayer, cuando presentaron una moción para que no se realizara la sesión de este martes y por ende, la misma debe ser declarada inválida.

No obstante, Monge afirmó que la sesión está apegada a la Ley, pues para que esta se desconvocara se necesitaba la firma de todos los integrantes de la misma y en el caso de esta, no fue así.

Acuerdo. El problema se da porque un bloque de diputados apoya la iniciativa de SUPEN, mientras que otro grupo se inclina por el proyecto inicial, presentado por los trabajadores del Poder Judicial.

Como este martes se discutiría sobre el proyecto del gremio, Monge comentó que los opositores del mismo, decidieron ausentarse.

“Yo no entiendo lo que ha pasado el día de hoy, llegaron cinco diputados, se hizo el quorum, se realizó la sesión que tenía que darse. Aquí lo que está pasando es que una minoría no acepta la voluntad de la mayoría y quieren que esta decisión que se tomó hoy, se atrase”, afirmó el liberacionista.

Sin embargo, un acuerdo con fechado en junio del 2016, revela que los diputados acordaron mantener en discusión la iniciativa original, hasta que la Universidad de Costa Rica (UCR), encargada de realizar un informe se pronunciara acerca de la viabilidad del proyecto.

Hasta la fecha, la UCR no ha dado a conocer el informe acerca del tema.

Luego de tomar la decisión de volver al texto base, se procedió a realizar la consulta a Servicios Técnicos para que emita un criterio sobre el mismo.

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