Diputados imprueban liquidación presupuestaria del 2021

San José, 9 ago (elmundo.cr) – Los diputados improbaron la liquidación presupuestaria correspondiente al ejercicio del 2021, luego de analizar el expediente 23.100 Liquidación de Presupuesto Públicos y Dictamen de la Contraloría General de la República.

El informe negativo unánime fue suscrito por los miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios. En el debate reglado los legisladores, señalaron que no se han señalado a los responsables de los incumplimientos de la ejecución presupuestaria.

La diputada del Partido Liberación Nacional y presidenta de la Comisión, Paulina Ramírez, apuntó que la liquidación presupuestaria permite observar la eficiencia o no de los recursos ejecutados, la calidad del gasto y tener la oportunidad de mejoras.

Agregó que se tiene más de 20 años de incumplimiento de la Ley, sin que se establezcan las responsabilidades pertinentes y sin hacer nada por mejorar los presupuestos.

La Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios emitió una serie de recomendaciones entre ellas:

Solicitar al Departamento de la Secretaría del Directorio que notifique las disposiciones de este informe, a cada una de las instituciones involucradas. Una vez que sean remitidas las respuestas institucionales, deberá remitir copia a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios.
Solicitar al Departamento de Análisis Presupuestario de la Asamblea Legislativa, que dé seguimiento a las disposiciones acá consignadas y presente un informe semestral sobre su cumplimiento.
A las entidades del sector público no financiero que, según la Contraloría General, no aportaron información requerida para determinar si sobrepasan o no el límite de crecimiento de gasto corriente permitido para el ejercicio económico 2021, se les insta no solo a que observen y cumplan adecuadamente con las disposiciones de la Ley N° 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, especialmente su Título IV Responsabilidad Fiscal de la República, sino que también para que remitan al órgano contralor y a la Autoridad Presupuestaria, aunque sea de forma extemporánea, toda la información presupuestaria requerida para determinar el cumplimiento de la aplicación de la regla fiscal. Tales instituciones son: Colegio de Abogados de Costa Rica, Federación de Municipalidades y Concejos Municipales de Distrito del Pacífico (FEMUPAC), Colegio de Biólogos de Costa Rica, Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, Colegio de Físicos de Costa Rica, Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica, Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, Junta Administrativa del Cementerio de Limón, Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica, Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines, Colegio de Profesionales en Nutrición, Colegio de Profesionales en Orientación, Colegio de Profesionales en Quiropráctica, Colegio de Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica, Corporación Hortícola Nacional, Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica, Colegio de Químicos de Costa Rica, Federación de Gobiernos Locales Costarricenses Fronterizos con Nicaragua (FEDENORTE), Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Costa Rica, Liga Agrícola Industrial de la Caña y Federación de Municipalidades de la Región Sur de la Provincia de Puntarenas (FEDEMSUR).
A las entidades del sector público no financiero que, según la Contraloría General, incumplieron con la aplicación de la regla fiscal durante el ejercicio económico 2021, se les insta a que observen y cumplan adecuadamente con las disposiciones de la Ley N° 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, especialmente su Título IV Responsabilidad Fiscal de la República. Tales instituciones son: Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Consejo Nacional de la Producción (CNP), Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, Banprocesa Sociedad de Responsabilidad Limitada, Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER), Colegio de Enfermeros y Enfermeras de Costa Rica, Junta de Protección Social de San José, Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes, Ente Costarricense de Acreditación, Colegio de Periodistas de Costa Rica, Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica, Colegio de Terapeutas de Costa Rica, Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), Colegio Universitario de Limón, Colegio de Profesionales en Informática y Computación, Gestión de Cobro Grupo ICE, Colegio de Optometristas de Costa Rica, Consejo Nacional de Cooperativas, Federación Metropolitana de Municipalidades de San José, Academia Nacional de Ciencias, Colegio de Geólogos de Costa Rica.

Por su parte, las recomendaciones de la Asamblea Legislativa fueron:

Impulsar una reforma legal que regule adecuadamente los cambios de destino de las instituciones receptoras de recursos del presupuesto ante saldos posteriores existentes.
Impulsar reformas legales para avanzar hacia un sistema tributario eficiente, sencillo y orientado a lograr la recaudación que requieren los servicios y obras públicas de calidad, facilitando las gestiones a los contribuyentes, de manera que se promueva la formalidad, la reactivación económica y se reduzcan los incentivos para la evasión.
Instar a la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto Público, para que investigue sobre la administración y ejecución de créditos externos para inversión pública y los responsables de su gestión.

Se instó a solicitar a las siguientes instituciones que remitan un reporte, en el plazo de tres meses contabilizado a partir de la fecha de aprobación de este informe por parte del plenario legislativo, sobre los ajustes y mejoras para un registro correcto de la información presupuestaria, de conformidad con las observaciones de la Contraloría General de la República: