San José, 20 jul (elmundo.cr) – Los diputados de la República votaron afirmativamente el informe del expediente 22.792 Investigación acerca de la elaboración y aplicación de los cuestionarios denominados “Factores Asociados”, en el marco de las pruebas nacionales para el fortalecimiento de aprendizaje para la renovación de oportunidades (conocidas como pruebas FARO) por parte del Ministerio de Educación Pública (MEP), para la aparente obtención de información sensible de la ciudadanía y demás hechos que guarden relación directa.
El informe fue presentado el pasado 8 de abril y en el mismo se detalló recomendaciones con base en las audiencias y el análisis de los documentos presentados en la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos, sobre las posibles violaciones por parte del Estado al derecho a la intimidad de las personas, específicamente respecto a la obtención y manejo de datos sensibles de menores de edad del sistema educativo, con la elaboración y aplicación de los cuestionarios denominados “Factores Asociados”, en el marco de las pruebas nacionales para el Fortalecimiento de Aprendizajes para la Renovación de Oportunidades (conocidas como pruebas FARO) por parte del MEP.
Como recomendaciones se presentaron, que al Plenario Legislativo se le recomienda aprobar el presente informe y ordenar el traslado de una copia fiel del expediente legislativo N° 22.792 al Ministerio Público, la Procuraduría de la ética y la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, (Prodhab).
Por su parte, a la Contraloría General de la República (CGR)investigar las presuntas irregularidades de los funcionarios públicos involucrados, así como las posibles sanciones tales como destituciones o inhabilitación de ejercer cargos públicos según el marco legal vigente y la gravedad de tales infracciones.
A la Procuraduría de la Ética se le solicitó determinar si las actuaciones atribuibles en el presente informe a los funcionarios comparecientes constituyen faltas a la ética y probidad y emitir las recomendaciones pertinentes desde la perspectiva del derecho administrativo y penal; mientras que al MEP, tomar las medidas necesarias para que situaciones como las acontecidas no vuelvan a suceder nuevamente.
La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Carolina Delgado, apuntó que las pruebas FARO, son un retroceso en la educación, y aseguró que los jerarcas del MEP conocían de antemano esos procesos.
“Desde el Consejo Superior de Educación hasta la Comisión de Factores Asociados, todos adujeron que no les correspondía, y se gastaron 800 millones de colones, solo en la impresión. No se les consultó a los padres sí daban su consentimiento o no para realizar las pruebas “dijo Delgado.
La legisladora oficialista, Pilar Cisneros, manifestó que se sometió a la tortura a más de 700 mil niños en las pruebas Faro, de 10 y 11 años. “¿Quién fue el responsable?, el MEP después de analizar toda la documentación esta institución exoneró a la exministra de Educación Guiselle Cruz y la viceministra de Educación, Melania Brenes, al igual que el Consejo Superior de Educación.
“Las pruebas FARO le costaron al país 3500 millones de colones durante tres años, las cuales terminaron en cajas de cartón en los juzgados”, comentó Cisneros.
