San José, 28 oct (elmundo.cr) – La diputada Kristel Ward Hudson, en conjunto con otros legisladores de la fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO), presentó un recurso de amparo con solicitud de medida cautelar ante la Sala Constitucional contra la rectora del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), María Estrada Sánchez.
La acción legal busca frenar las amenazas de un eventual cierre técnico del centro académico de Limón y la suspensión del semestre lectivo, una medida que los congresistas oficialistas califican como “arbitraria e injustificada”. De concretarse, esta situación pondría en riesgo la continuidad educativa de más de 400 estudiantes de la provincia limonense.
Los legisladores argumentan que la justificación de la Rectoría sobre la falta de recursos carece de sustento técnico y financiero. Según la bancada oficialista, la institución cuenta con un superávit suficiente y partidas presupuestarias no ejecutadas que permitirían mantener la operatividad de la sede.
“Condicionar el funcionamiento del centro regional desconoce la autonomía en el manejo de fondos propios del TEC y vulnera directamente el derecho fundamental a la educación, consagrado en la Constitución Política”, señaló la diputada Ward, quien enfatizó el impacto negativo que esto tendría en una población estudiantil que reside en una provincia con altos índices de vulnerabilidad social y desempleo.
Con esta gestión, los diputados solicitan que la Sala Constitucional ordene, de manera cautelar, la conservación inmediata de la programación académica y las evaluaciones en la sede de Limón mientras se resuelve el fondo del asunto.
Asimismo, la bancada exige que la Rectoría presente los informes técnicos y financieros que transparenten el uso de las partidas presupuestarias, con el fin de garantizar que la comunidad estudiantil no sea utilizada como “medida de presión” frente a los ajustes hacendarios que enfrenta el país.
Esta medida se suma a la tensión política que ha rodeado al TEC en las últimas semanas. Previamente, otros legisladores como Osvaldo Artavia (PPSO) habían cuestionado a la rectora Estrada por la gestión de los fondos institucionales, calificando la situación como una forma de “extorsión política”, mientras que desde el PLN también se había advertido sobre las graves consecuencias sociales de un posible cierre.
