San José, 28 oct (elmundo.cr) – El juez de Ejecución de la Pena e integrante de la Asociación Costarricense de la Judicatura, Mario Rodríguez Arguedas, denunció presiones contra las personas juzgadoras y advirtió sobre sus posibles efectos en la independencia judicial, en medio de cuestionamientos relacionados con la inseguridad ciudadana, la criminalidad y las decisiones sobre personas privadas de libertad.
Según Rodríguez, en los últimos años se ha intentado trasladar al Poder Judicial, particularmente a los jueces penales y de Ejecución de la Pena, la responsabilidad por la situación de inseguridad que enfrenta el país.
El funcionario cuestionó los discursos que, según afirmó, buscan instalar la percepción de que los jueces conceden libertades de manera masiva o autorizan beneficios improcedentes.
“Los datos no respaldan la narrativa”, sostuvo.
Como ejemplo, indicó que durante los últimos cinco años los juzgados de Ejecución de la Pena recibieron aproximadamente 6.600 solicitudes de libertad condicional, de las cuales únicamente 312 fueron aprobadas. Esto representa menos del 5% de las solicitudes, de acuerdo con las cifras expuestas por el juez.
También señaló que la cantidad de personas en prisión preventiva aumentó de 2.564 en 2022 a 5.034 en 2026, lo que equivale a un incremento cercano al 96%.
Rodríguez afirmó que estas cifras no deberían interpretarse como motivo de satisfacción, pues, a su criterio, reflejan problemas en la política social y criminal del país. Sin embargo, las mencionó para cuestionar la idea de que la judicatura libera indiscriminadamente a personas y, por esa razón, es responsable de la criminalidad.
Aumento de quejas en los centros penales
El juez también manifestó preocupación por las actuaciones del Ministerio de Justicia y Paz en el sistema penitenciario.
Según expuso, el aumento de las detenciones y las restricciones impuestas a la población privada de libertad han provocado un incremento en las solicitudes de intervención ante los juzgados de Ejecución de la Pena.
De acuerdo con los datos que presentó, estos despachos pasaron de atender cerca de 4.000 quejas en 2022 a más de 7.000 en 2025.
Rodríguez también cuestionó situaciones de violencia en los centros penitenciarios, particularmente aquellas que calificó como violencia institucional.
Como parte de sus señalamientos, mencionó videos difundidos recientemente por el propio Ministerio de Justicia durante una visita a un centro penal. Según el juez, en esas imágenes se observan “datos indignos del ministro hacia personas privadas de libertad”.
El funcionario recordó que las personas encarceladas permanecen bajo custodia del Estado, que tiene una responsabilidad especial de garantizar sus derechos fundamentales.
Asimismo, manifestó preocupación por las muertes de personas privadas de libertad que, según indicó, han sido denunciadas recientemente y que, a su criterio, deben investigarse a fondo.
Advierte sobre exposición pública de jueces
Otro de los puntos señalados por Rodríguez fue la exposición pública de las personas operadoras de justicia debido a sus resoluciones.
El juez sostuvo que determinados discursos públicos pueden buscar generar un efecto inhibidor sobre quienes deben resolver casos judiciales, al exponer sus nombres e imágenes por las decisiones que adoptan.
“El juez sabe que una resolución puede costarle la exposición pública de su nombre e imagen”, afirmó.
Rodríguez agregó que estos señalamientos ya derivaron en un caso de grave agresión contra una jueza de Ejecución de la Pena por parte de un particular.
Ante ese escenario, defendió la función de los jueces cuando revisan la legalidad de las actuaciones administrativas relacionadas con las personas privadas de libertad.
“El juez cuando revisa la legalidad de una actuación administrativa no defiende al delincuente. Cumple su función de garante”, manifestó.
Según explicó, la labor de la judicatura de Ejecución de la Pena consiste en vigilar que el cumplimiento de las sanciones se ajuste a la Constitución Política, la legislación vigente y los derechos fundamentales.
Añadió que no corresponde a los jueces diseñar la política criminal ni definir las estrategias para combatir el crimen organizado, responsabilidades que distinguió de la función jurisdiccional.
“Defender la independencia judicial no es defender la impunidad”
Rodríguez reconoció que el Estado debe combatir el crimen organizado con firmeza y eficacia, pero insistió en que esa tarea debe desarrollarse dentro del marco del Estado de derecho.
“Defender la independencia judicial no es defender la impunidad ni desconocer los derechos de las víctimas”, afirmó.
El juez concluyó que las actuaciones estatales, incluso cuando se enfrentan delitos graves, deben mantenerse sujetas a la Constitución y a la ley.
“Incluso frente al delito más grave el Estado sigue siendo sometido a la Constitución y a la ley”, señaló.
