San José, 05 sep (elmundo.cr) – La diputada del Frente Amplio, María Eugenia Román, cuestionó las carencias que todavía enfrenta la comunidad de personas sordas en Costa Rica y llamó a fortalecer la capacitación del personal que trabaja con esta población.
Durante su intervención, la legisladora destacó la reciente iniciativa para reformar el artículo 76 de la Constitución Política con el objetivo de reconocer la Lengua de Señas Costarricense (LESCO).
“48 diputaciones firmamos la reforma constitucional del artículo 76 para el reconocimiento de la lengua costarricense de señas LESCO”, señaló Román.
Sin embargo, advirtió que el reconocimiento legal todavía no se traduce en suficientes capacidades dentro de las instituciones.
“El problema es que el reconocimiento normativo no se traduce todavía en capacidad instalada”, afirmó.
Pide más capacitación para docentes
Román sostuvo que las necesidades de la comunidad sorda no se limitan a ampliar la oferta educativa, sino que también requieren que el sistema cuente con funcionarios y docentes capacitados para atender adecuadamente a esta población.
“No es solamente la persona sorda quien necesita más oferta educativa, es el sistema el que necesita más personal capacitado para trabajar con ella”, manifestó.
Por esta razón, planteó la necesidad de fortalecer los programas de capacitación dirigidos a docentes que trabajan con personas sordas.
“Es necesario robustecer el programa de capacitación para las personas docentes que laboran con personas sordas”, sostuvo.
Señala discriminación laboral
La legisladora también alertó sobre las dificultades que enfrenta esta población para incorporarse al mercado laboral.
“Las personas sordas enfrentan hoy discriminación laboral, altas tasas de desempleo y de informalidad”, afirmó.
Román añadió que existe otro vacío relacionado con quienes cumplen funciones de interpretación en LESCO.
Según explicó, esta labor actualmente carece de un marco normativo específico y tampoco cuenta con reconocimiento oficial como carrera dentro del Servicio Civil.
“Hoy esa labor de interpretación carece de un marco normativo que la regule y no está reconocida oficialmente como carrera por el Servicio Civil”, señaló.
Tres vacíos por atender
La diputada resumió las principales necesidades en tres áreas: capacitación docente, situación laboral de las personas sordas y regulación y reconocimiento de la labor de interpretación en LESCO.
“Tenemos entonces tres vacíos, concretos y verificables”, afirmó.
Román enfatizó que, desde su perspectiva, no se trata de crear nuevos derechos, sino de garantizar que los derechos que ya reconoce el ordenamiento jurídico se cumplan efectivamente.
“Ninguno de los tres requiere inventar derechos nuevos. Todos están amparados ya en nuestro marco legal”, declaró.
La legisladora hizo un llamado a la Asamblea Legislativa a trabajar para reducir la brecha entre las normas existentes y la realidad que enfrenta diariamente la comunidad sorda.
“Lo que corresponde a esta Asamblea es cerrar esa distancia entre la ley escrita y la vida cotidiana de la comunidad sorda costarricense”, manifestó.
Finalmente, Román insistió en que las políticas públicas deben construirse tomando en cuenta las necesidades de las personas sordas y pidió evitar que esta población continúe siendo excluida.
“No podemos seguir invisibilizando ni discriminando a la comunidad sorda”, concluyó.
