San José, 26 jul (elmundo.cr) – Según información recabada por el diputado del Frente Amplio José María Villalta, y entregada a la Fiscalía demuestra que las declaraciones juradas que aportó el Partido Restauración Nacional sobre un viaje en el helicóptero ligado al “cementazo”, para trasladar al excandidato presidencial Fabricio Alvarado y fechadas al 18 de febrero de 2018, poseen contradicciones de forma y fondo.
El legislador señaló mediante un escrito varias de las irregularidades presentes en el fondo de ambas declaraciones, como el caso de la certificación entregada en marzo, la cual no indica el medio de pago utilizado para cancelar los servicios en cuestión por parte de Paulo Rodríguez Herrera.
No obstante, la declaración jurada que se entregó en mayo adiciona el detalle específico del medio de pago utilizado para cubrir los servicios, indicando en mayúscula que el monto fue “cancelado en efectivo”.
“Las dos constancias no parecen haber sido hechas en la misma fecha, más bien la segunda parece haber sido hecha posteriormente para justificar la supuesta donación en especie, alegando que el pago se hizo en efectivo y así justificar que no existen transacciones bancarias que demuestren que el supuesto donante realmente es el que pagó el servicio del helicóptero”, manifestó Villalta.
Según información suministrada por el Frente Amplio, demuestra que otra de las irregularidades está en la inclusión de 3 facturas juntas que completan el monto de los $3770, pero no todas indican la forma de pago y ni son consecutivas.
El diputado frenteamplista manifestó que el caso presenta fuertes indicios para sospechar que hay un intento de encubrir una actividad ilícita.
“Genera dudas sobre quién realmente pagó el viaje y la posibilidad de que estemos ante el uso de un testaferro. Es poco creíble que a estas alturas alguien pague casi 4 mil dólares en efectivo. Esta situación nos recuerda casos recientes como los tiquetes de avión de Celso Gamboa o el viaje a la playa de Morales Zapata”, agregó el diputado.
De acuerdo el artículo 128 del Código Electoral, las irregularidades en estas contribuciones podrían constituir un delito electoral, de no comprobarse la transparencia de la información aportada al Tribunal Supremo de Elecciones.
A continuación, copia de las certificaciones antes mencionadas:
