San José, 7 mar (elmundo.cr) – La jefa de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Maureen Clarke presentó una denuncia en la Procuraduría de la Ética, por el eventual nombramiento de la exviceministra de Vivienda, Ana Cristina Trejos Murillo en la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI).
Así lo anunció este lunes el partido verdiblanco mediante un comunicado de prensa. Clarke afirmó que el nombramiento de Trejos violentaría el principio de probidad, además de que existiría un posible fraude de ley.
La exviceministra Trejos Murillo dejó su cargo en el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) para ser nombrada ad honorem en el viceministerio de Juventud, paso que le permitiría integrar la Junta Directiva del BANHVI.
El pasado 3 de marzo, el Consejo de la Persona Joven sesionó para destituir a Natalia Nuñez como directiva del banco, decisión que debe ser ratificada este martes en el Consejo de Gobierno.
De acuerdo con los liberacionistas, la destitución de Nuñez para nombrar a Trejos violenta la Ley General de la Persona Joven.
“La señora Trejos fue nombrada, en fecha que no precisamos, como asesora ad honoren del Viceministro de Juventud, para cumplir con el principio de representación de jóvenes, pero no con la ley. Recordemos que la señora Trejos al 29 de febrero, todavía era Viceministra de Vivienda y no participó en los procesos internos para ser integrante del Consejo de la Persona Joven, ni los representa formalmente”, dijo la diputada Karla Prendas.
Agregó que “en la forma más descarada y corrupta inimaginable en un partido como el PAC, destituyen a una integrante oficial del Consejo, para nombrar una asesora ad honorem, que minutos antes era Vice Ministra, con el fin no de representar los intereses de los jóvenes, sino de darle dietas para que pague lo que cobro de más siendo Vice Ministra de Vivienda”.
“Téngase en cuenta que para hacer el nombramiento de la ex Viceministra Trejos en la Junta Directiva del BANHVI, el Viceministro de Juventud la nombra como asesora “ad honorem”, de esta forma, no solo se contraviene el principio de especialidad de la ley, sino también que se incurre en el delito de fraude de ley, el cual, como es sabido, consiste en un subterfugio o trampa por medio del cual se procura incumplir de manera indirecta con el ordenamiento jurídico, al tratar de obtener un resultado contrario a la norma que se deja de aplicar, y que establece una prohibición, aplicando otra norma distinta. Es decir, consiste en ir contra una norma que establece una prohibición, aplicando otra norma para eludir el impedimento establecido. Se vulnera una norma jurídica, y por tanto sus efectos propios, usando como excusa otra norma distinta, que aparentemente cubre los resultados obtenidos”, señalaron en su nota a la Procuraduría de la Ética.
Explicaron que en el fraude de ley hay una apariencia de legalidad, pero se elude la aplicación de una norma (norma defraudada) usando otra diferente dictada con finalidad distinta (norma de cobertura). Es decir, se utilizan formas jurídicas típicas y regulares para la obtención de resultados atípicos, no previstos originalmente por la norma de cobertura utilizada, que fue dictada para otros propósitos.
El Código Civil se refiere a este tema en el artículo 20, señalando una sanción para el fraude de ley, desde el punto de vista de la legislación civil, y que consiste en la nulidad del acto y la aplicación debida de la norma que se pretendió eludir. Pero también el fraude de ley es un delito y, como tal, puede tener consecuencias penales en los términos de los artículos 5 y 58 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
El primero de estos artículos establece que hay fraude de ley cuando se realiza una conducta al amparo del texto de una norma jurídica y persigan un resultado contrario a la satisfacción de los fines públicos y el ordenamiento jurídico.
El otro artículo sanciona con prisión de uno a cinco años, al funcionario público que ejerza una función administrativa en fraude de ley.
“De materializarse esa conducta, se podría estar violentado el principio de probidad, los derechos de la juventud representada en un órgano democrático, como es el Consejo de la Persona Joven, y podríamos estar ante el delito de fraude de ley, ambas normas establecidas en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito”, dice el oficio a la Procuraduría firmado por la diputada Clarke.
“Quisiera saber que piensa el Frente Amplio, que tiene a su representante en el Consejo de la Persona Joven, de esta burla a la juventud costarricense. Quisiera oír al PAC defendiendo cómo explicar que nombraron a una pegabanderas que es estudiante de microbiología puede contribuir en el desarrollo de los planes de vivienda nacional, cuando los miembros de la Junta Directiva del BANHVI debe ser gente profesional y ligada al sector, lo que igualmente viola el principio de probidad establecido en la ley de enriquecimiento ilícito”, indicó Prendas.
Insistió en que “de todas las torpezas y acciones corruptas que ha hecho el gobierno y que empiezan a salir, como la de haber cometido un horror que le cuesta al país 7mil novecientos millones de colones y de haber protegido a tres viceministras dándoles millones que no les corresponden, esta es la más vil porque ofende a la juventud costarricense, politiza la política de juventud y le da a los pegabanderas del PAC el mismo papel que en el pasado consideraron como corrupto.”
