San José, 8 abr (elmundo.cr) – El presidente de la República, Carlos Alvarado, aseguró que “hoy podemos ver con orgullo que dejamos la casa ordenada e iniciamos un proceso de transformación responsable hacia el país que queremos y podemos ser”.
Según se desprende de un comunicado emitido por Casa Presidencial, la Administración Alvarado Quesada inició su gobierno en el 2018 con grandes retos en el tema de finanzas públicas y en el funcionamiento del aparato estatal.
“Cuatro años después, el país cuenta con un escenario alentador gracias a una serie de reformas y políticas públicas, así como de medidas de contención del gasto, que detuvieron el crecimiento desmedido de la deuda, ordenaron los presupuestos de las instituciones públicas y atendieron las necesidades sociales más importantes del país”, agregó.
Ante esto el mandatario recordó que “recibimos un país con serios retos, algunos que se arrastraban desde décadas atrás. Hoy podemos ver con orgullo que dejamos la casa ordenada e iniciamos un proceso de transformación responsable hacia el país que queremos y podemos ser”.
“La siguiente administración tendrá la oportunidad de continuar con el camino de la eficiencia del sector público y otra serie de políticas en las que se prioriza las personas y su bienestar”, destacó.
En declaraciones a El País de España el 1 de abril pasado, el gobernante costarricense explicó que la reforma fiscal se llevó adelante para proteger el Estado Social de Derecho, para hacerlo más sostenible en materia de educación y de salud.
“El país estuvo cerca del default y lo sacamos de ahí”, dijo.
Asimismo destacaron que “en efecto, las reformas aplicadas durante la administración -que en el caso del Plan Fiscal tenía dos décadas de discutirse como un tema urgente- permitieron que Costa Rica alcanzara los escenarios económicos y fiscales más positivos de los últimos años, a pesar de la pandemia que exigió atención a demandas urgentes y cuantiosas, y sin necesidad de llegar a medidas como venta de activos del Estado y despido masivo de funcionarios”.
“El crecimiento económico del 2021 fue de 7,6%, casi el triple de lo proyectado a inicios de ese año (2,6%), y el interanual (de enero 2021 a enero 2022) fue de 9%, el más alto desde 1993. La mejoría de la economía también se ve en la reducción en 2021 del déficit primario al 0,28% del PIB -el más bajo desde el 2008- y un déficit financiero de 5,18% del PIB, el más bajo en 3 años”, resaltaron.
Desde Casa Presidencial reseñaron que “de acuerdo con el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, Costa Rica tuvo un desempeño fiscal más sólido de lo previsto en 2021 y presentó considerables avances en cuanto al fortalecimiento de la eficiencia y la equidad de la administración pública. El organismo explicó que la consolidación fiscal sostenida conforme a la regla fiscal continúa siendo una prioridad, al mismo tiempo que se sigue destinando una cantidad adecuada de recursos para proteger a los más vulnerables”.
“De esta manera, el camino iniciado desde la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas hasta la reciente reforma de Empleo Público hereda a la próxima administración y a una nueva e histórica generación post pandemia, un país más ordenado y una ruta financiera estable, que apuesta a una economía verde enmarcada en el Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050 y una sociedad más inclusiva y justa. Todo este proceso se ha llevado a cabo en un marco de diálogo con diferentes sectores, en particular con la Asamblea Legislativa”, acotaron.
Entre las reformas más importantes de los últimos cuatro años destacan:
Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (2018). Tras un crecimiento desmedido de los niveles de la deuda y del gasto a lo largo de una década, el gobierno propuso una reforma fiscal, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que se aprobó como Ley 9635 en diciembre de 2018.
Ley Marco de Empleo Público (2022). La Ley N.° 10159, firmada en marzo de 2022, establece una modernización de la gestión pública para hacerla más eficiente y transparente; además permitirá consolidar la ruta hacia la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad macroeconómica en el país. “Esta es una reforma estructural necesaria para el desarrollo de Costa Rica”, dijo el presidente Alvarado.
Esta ley representa un cambio de paradigma, en el cual lo central es el servicio que los funcionarios públicos prestan a la sociedad, al tiempo que será una herramienta muy importante para controlar el gasto público y la consolidación fiscal. Al pasar de un esquema salarial compuesto a un salario global, reducirá las inequidades existentes entre quienes realizan las mismas funciones en el sector público. Además, se estima que generaría un ahorro al Estado de entre 0,81% y 1,04% del PIB al año.
Contención del gasto. Con el fin de atender la potencial crisis económica y para hacer un uso más responsable de los fondos públicos, el Gobierno tomó medidas para reducir los gastos institucionales, recortar las pensiones de lujo y renegociar las convenciones colectivas.
En enero del 2021, el presidente Alvarado y el ministro de Hacienda, Elian Villegas, emitieron un decreto proyectado a cinco años, en que se redujeron partidas de bienes y servicios, servicios especiales, suplencias y remuneraciones eventuales, se limitó el crecimiento de transferencias corrientes, eliminaron plazas vacantes y congelaron las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional.
Histórico ingreso a la OCDE (2021). El 25 de mayo de 2022 Costa Rica cumplirá su primer año como el miembro 38 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El interés y el proceso para el ingreso data del 2013, y fue en los últimos años en los que se intensificó con la aprobación de las 14 leyes.
Educación dual (2019). Con la firma de la Ley de Educación y Formación Dual (Nº9728), se oficializa esta modalidad de enseñanza que forma a estudiantes en dos ambientes de aprendizaje: una institución educativa y una empresa formadora. La nueva legislación otorga amplios beneficios y oportunidades así como un marco jurídico moderno que da seguridad a las partes involucradas en esta modalidad, mediante la cual se generan procesos de aprendizaje de calidad que facilitan una formación integral y una mejor transición al mercado laboral.
Cierre de FONABE representó mayor eficiencia en sector social (2020). El cierre del FONABE concluyó en 2021 administrativamente con la unificación de un único sistema de transferencias condicionadas para la permanencia de estudiantes en el sistema educativo bajo el programa Avancemos. Este proceso generó la eliminación de 6.000 beneficios duplicados y se convirtió en un ahorro importante para la operación del sector social.
Reorganización de JAPDEVA. La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) ha llevado adelante un Plan de Reorganización Institucional, aprobado en noviembre 2019 por Planificación del MOPT y MIDEPLAN. Se trata de una reforma de toda la estructura funcional de JAPDEVA, cuyo rediseño era requerido ante el cambio de modelo portuario.
Transformación del INA (2021). Esta reforma legal ha ofrecido herramientas al INA para enfrentar con éxito los retos que plantea la evolución del mercado laboral, el desarrollo empresarial y la reactivación e impulso al sector productivo, para generar mejores oportunidades a la ciudadanía.
Ley General de Contratación Pública. Con el fin de actualizar, agilizar y modernizar los procesos de contratación pública para así procurar una mayor rapidez, transparencia y eficiencia en la respuesta estatal, el 27 de mayo de 2021 el presidente Carlos Alvarado, y el ministro de Hacienda, Elian Villegas, firmaron la nueva Ley General de Contratación Pública (N° 9986).
Políticas públicas pensadas para las personas y su bienestar. Entre el 2018 y el 2021, el país desarrolló 23 políticas públicas que tienen como eje central la atención de las necesidades de las personas, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad.
“Asimismo, otras 18 políticas se mantienen en proceso de formulación, entre las que destacan la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez; la Política Nacional de Niñez y Adolescencia: la Política Nacional de los Cuidados, entre otras”, concluyeron.
