San José, 05 jun (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes presentó su oposición ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) luego de analizar, con criterio técnico, la solicitud de aumento tarifario planteada por la empresa Transporte Inteligente de Guanacaste S.A. para la ruta 1507, que comunica San José con Nicoya por el Puente La Amistad.
De acuerdo con el análisis de la Defensoría, la propuesta contempla incrementos de hasta un 20% en algunos ramales, sin que exista una evaluación integral del impacto económico y social sobre las personas usuarias de la Región Chorotega.
La Defensoría señaló que este aumento afectaría especialmente a familias de ingresos limitados que dependen diariamente del transporte público para acceder a servicios esenciales como trabajo, educación y salud, lo cual implica una carga onerosa para las personas usuarias y compromete el principio de asequibilidad del transporte público.
Según datos analizados por la Defensoría, el gasto promedio mensual en transporte en la Región Chorotega asciende actualmente a aproximadamente ₡85.000 y podría superar los ₡102.000 con el ajuste solicitado.
La oposición presentada también advierte inconsistencias relevantes en la información utilizada para justificar el aumento tarifario, entre las que destacan diferencias entre los datos de ingresos y la cantidad de pasajeros reportados por la empresa y los registros oficiales de ARESEP.
Además, por un lado, se evidenció un crecimiento en la demanda del servicio, lo cual técnicamente debería favorecer economías de escala y estabilidad tarifaria. Por otro lado, existen reportes operativos que no son consistentes con la capacidad regular de las unidades, como registros de hasta 106 pasajeros por carrera en algunos ramales, superando ampliamente la capacidad normal de un autobús (entre 45 y 55 asientos), lo que sugiere un subreporte de carreras o el uso de servicios de refuerzo no contabilizados.
Es importante destacar que ARESEP ya otorgó un incremento general del 5,43% el pasado 21 de mayo para cubrir rubros críticos como los combustibles, que representan el 28% de la estructura de costos. Por ello, un nuevo ajuste ordinario podría implicar un doble reconocimiento de costos ya compensados. Esto vulneraría el principio de proporcionalidad y razonabilidad, afectando injustificadamente el bolsillo de las personas usuarias.
Debido a este análisis, la Defensoría solicitó a ARESEP realizar una revisión exhaustiva de los elementos técnicos, financieros y operativos antes de resolver el expediente tarifario. Asimismo, recordó que el transporte público constituye un servicio esencial y que cualquier ajuste tarifario debe sustentarse en criterios de razonabilidad, proporcionalidad y transparencia, manteniendo a la persona usuaria como centro de la regulación.
La audiencia pública se realizó el martes 2 de junio de 2026 a las 5:00 p.m.
