San José, 01 jul (elmundo.cr) – La Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) manifestó su profunda preocupación ante el proyecto de ley presentado esta semana que busca modificar el mecanismo de elección del fiscal general de la República, advirtiendo que la iniciativa podría comprometer la independencia del Ministerio Público al politizar su designación.
Para la organización, el proyecto traslada un proceso que debería fundamentarse exclusivamente en criterios técnicos e idoneidad hacia un escenario de naturaleza política, lo cual representa un riesgo para el Estado de Derecho.
Adriana Orocú, presidenta de Acojud, señaló que el momento en que surge la propuesta es inconveniente, pues desvía el foco de atención sobre el análisis de idoneidad necesario para ocupar la jefatura del Ministerio Público.
Según Orocú, la iniciativa “tiende no a fortalecer la independencia del Ministerio Público, sino más bien a debilitarla”, al omitir parámetros objetivos de selección.
“Esta institución es altamente jerarquizada y las decisiones que adopte la cabeza del Ministerio Público impactan directamente las políticas de persecución penal. La experiencia de otros países demuestra que, cuando esa independencia se debilita, el sistema de justicia puede convertirse en un instrumento de persecución política”, enfatizó la jerarca.
Debilidades críticas del proyecto
La asociación gremial identificó cuatro puntos críticos que, a su juicio, vulneran la institucionalidad:
- Nombramiento por mayoría simple: El proyecto propone que la elección se realice por dos terceras partes de los diputados presentes, y no de la totalidad de la Asamblea Legislativa, lo que facilita nombramientos con menor consenso.
- Remoción política: El texto contiene criterios que, según los expertos, funcionan como mecanismos encubiertos para la destitución política del jerarca.
- Rendición de cuentas sobre investigaciones: Se establece la obligación del Fiscal de rendir informes a los diputados sobre el estado de investigaciones en materia de corrupción, lo cual, advierten, podría alertar a los investigados y comprometer el éxito de las causas.
- Evaluación estadística sesgada: La propuesta mide la eficacia del Fiscal basándose en la relación de casos elevados a juicio versus desestimaciones. Esto, según ACOJUD, es peligroso, ya que una denuncia falsa que sea desestimada podría ser utilizada para calificar al Fiscal como ineficaz y justificar su remoción.
Ante este panorama, Acojud reiteró que cualquier reforma en la designación del Fiscal General debe orientarse a blindar la independencia judicial, garantizar procesos de selección objetivos y preservar la separación de poderes, pilares fundamentales de la democracia costarricense.
