San José, 01 jul (elmundo.cr) – La diputada de la Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles, salió en defensa del nombramiento de la exdiputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro, en la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Esto luego de que el Consejo de Gobierno rechazó el nombramiento de la frenteamplista como representante del sector sindical.
Ante esto, Dobles comentó que “me preocupa muchísimo que el Poder Ejecutivo ha decidido rechazar la designación de uno de estos sectores representados en esta formación tripartita en la Junta Directiva de la Caja alegando supuestos incumplimientos legales”.
“Se han dado cuatro razones por parte del Ejecutivo. Uno, falta de experiencia en materia económico-social de la persona propuesta por el sector sindical. Dos, militancia política. Tres, vínculos familiares dentro de la institución. Y cuatro, opiniones públicas sobre decisiones que ha tomado la Caja”, agregó.
Para la diputada, “es importante decir que analizando cada uno de estos elementos con rigor jurídico se evidencia que no constituye ninguno de ellos una causa legal de inhabilidad. La ley no exige un perfil económico específico como requisito excluyente. Tampoco prohíbe militancia política. No penaliza la expresión de criterios o posiciones públicas. Y en cuanto al conflicto de interés, este debe ser concreto, actual y directo, no una suposición general”.
“Lo que se ha hecho es introducir requisitos por parte del Ejecutivo que no están en la ley para impedir una designación, y esto es jurídicamente inaceptable. La ley constitutiva de la Caja es clara. Los nombramientos sí pasan por el Consejo de Gobierno, pero los hacen los sectores. El Poder Ejecutivo no tiene ninguna potestad discrecional sobre esto, como lo tiene con los miembros del Gabinete”, aseguró.
Dobles recalcó que “cuando se sustituye la voluntad de un sector mediante valoraciones subjetivas, se deja de actuar dentro del marco de la legalidad. Esto que está haciendo el Ejecutivo no es control legal, es un control de conveniencia encubierto y constituye un exceso de poder y un abuso de autoridad”.
“Conviene recordar que han habido otros antecedentes en donde el Consejo de Gobierno y el Ejecutivo han tenido dudas o consideraciones con respecto a los nombramientos. Justamente en la Administración Alvarado Quesada surgieron preocupaciones en torno a la designación del sector patronal dentro de la Junta Directiva de la Caja”, indicó.
Dobles insistió en que “en ese momento lo que hizo el Ejecutivo fue dialogar con el sector, pedirle una reconsideración y en el momento en que el sector confirmó que la persona que había designado era la que quería nombrar, el Poder Ejecutivo respetó cómo corresponde ese nombramiento”.
“Este precedente demuestra que, aún en contextos de duda, el camino institucional correcto es respetar la representación sectorial y actuar dentro de los límites de la ley. Esto no es un debate acerca de una persona”, concluyó.
