San José, 3 jul (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes interpuso ante instancias judiciales acciones relacionadas con el abastecimiento de agua, la asignación presupuestaria a la educación pública y la protección del medio ambiente durante el año 2024. Así lo revela el Informe Anual 2024-2025.
La Defensoría acudió en varias ocasiones ante la Sala Constitucional, donde sus intervenciones a través de recursos o acciones de inconstitucionalidad fueron favorables en la mayoría de los casos. También se presentó con éxito ante el Tribunal de Familia.
Entre los casos destacados, se encuentra la consulta de constitucionalidad, declarada con lugar, sobre el proyecto de presupuesto de la República 2025 para el sector educativo. La Defensoría argumentó el irrespeto al mandato constitucional de asignar progresivamente el 8% del PIB al sistema educativo.
La Defensoría ha expresado su preocupación por la disminución presupuestaria en educación entre 2020 y 2025, pasando del 7.3% al 4.98% en 2025, el nivel más bajo en una década. Esto, según la Defensoría, afecta la garantía del derecho a la educación y el desarrollo integral de niños y adolescentes.
Otro caso relevante fue la solicitud de medidas cautelares para proteger el patrimonio natural del Estado en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo. La Sala IV ordenó la paralización de permisos de tala y construcción, entre otras acciones.
Asimismo, la Defensoría interpuso un recurso de amparo en defensa de los derechos de la niñez y adolescencia indígena, particularmente en relación con su participación en la construcción de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2024-2036. El recurso fue declarado con lugar.
En casos de vulneración del acceso al agua potable, la Sala Constitucional solicitó informes especializados a la Defensoría, lo que permitió respaldar a los habitantes de comunidades como San Rafael de Desamparados, Coronado y Barrio Otoya, resultando en fallos favorables.
La Ley de la Defensoría de los Habitantes, en su artículo 13, le otorga competencia para ejercer la defensa de derechos en el ámbito judicial, con amplia legitimación para interponer diversas acciones.
