San José, 26 may (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes investiga la ejecución de las políticas públicas en materia de Seguridad Alimentaria.
También, busca que las acciones del Estado permitan implementar los planes y programas relacionados con ese tema en el país.
La decisión de investigar – de oficio – este tema se da porque una alimentación adecuada es un Derecho Humano y corresponde a la Defensoría velar por su cumplimiento.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas estableció que el “derecho a una alimentación adecuada está inseparablemente vinculado a la dignidad inherente de la persona humana y es indispensable para el disfrute de otros derechos humanos (…).
El comité plantea que el derecho a una alimentación adecuada “es también inseparable de la justicia social, pues requiere la adopción de políticas económicas, ambientales y sociales adecuadas, en los planos nacional e internacional, orientadas a la erradicación de la pobreza y al disfrute de todos los derechos humanos por todos.”
El derecho a una alimentación adecuada va a exigir por lo tanto, la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, sin sustancias nocivas, y aceptables para una cultura determinada; así como la accesibilidad de esos alimentos en formas que sean sostenibles y que no dificulten el goce de otros derechos humanos.
En la publicación del borrador del decreto de fijación de precios del arroz para este año, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) indica que “el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, denominado Alberto Cañas Escalante, conceptualiza la necesidad de fortalecer la producción nacional, bajo el principio de una Política de Estado de seguridad alimentaria y apoyo a la producción de arroz y otros productos sensibles, que forman parte de la canasta básica nutricional de los costarricenses”.
Por esa razón, la Defensoría le solicitó al ministro de Agricultura, Luis Felipe Araúz, remitir copia de los planes, programas y proyectos de ese Ministerio para alcanzar las metas propuestas en el Plan, así como un informe de avance en la consecución de esas metas.
También, el ente defensor pidió información sobre cuáles otras instituciones están involucradas en el tema de Seguridad Alimentaria en Costa Rica; cuál será el papel de cada una de ellas en el logro de las metas propuestas y quién estará a cargo de la coordinación a nivel nacional.
