San José, 14 abr (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes realizó este martes una inspección en el lugar donde se encuentran las personas deportadas que ingresaron al país el pasado 11 de abril, con el objetivo de verificar las condiciones de atención y permanencia, así como otros requerimientos enfocados en la protección de los derechos humanos.
El equipo de la Defensoría se acercó a las autoridades de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), quienes informaron sobre la labor humanitaria que se está llevando a cabo con este primer grupo de 25 personas.
Este grupo está compuesto por 17 hombres y 8 mujeres provenientes de Albania, Camerún, China, Guatemala, Honduras, India, Kenia y Marruecos. No se reportaron adultos mayores, personas con discapacidad, menores de edad ni mujeres embarazadas.
La OIM detalló que la intervención incluye atención en salud psicosocial, provisión de recursos básicos, alimentación, alojamiento y acceso a líneas telefónicas para comunicarse con sus familiares.
Además, se les informó sobre la posibilidad de optar por el retorno voluntario asistido, con entrevistas individuales programadas hasta el próximo miércoles. La Defensoría constató que el grupo tiene libre movilidad y acceso a traducción en los idiomas requeridos.
La OIM indicó que esta atención está prevista inicialmente por siete días, con posibilidad de extensión según las necesidades.
En cuanto a la salud, se realizó un chequeo general, identificando algunas situaciones leves y tres casos que requirieron atención hospitalaria coordinada con una instancia privada.
Durante la inspección, se conversó con varias personas deportadas, quienes relataron haber sido esposadas desde Estados Unidos hasta 30 minutos antes de aterrizar en Costa Rica. Según la OIM, los deportados expresaron sentirse bien con la atención recibida. Algunos mostraron sus documentos de identidad, mientras que otros reportaron haberlos perdido.
La Dirección General de Migración y Extranjería estuvo presente en la inspección y se comprometió a responder por escrito las consultas de la Defensoría sobre la articulación con otras entidades públicas y la posible reubicación de las personas deportadas. La Defensoría notó la ausencia de otras instituciones relevantes, como el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU).
La Defensoría identificó un abordaje de la situación con la implementación de algunas lecciones aprendidas en resguardo de la protección de estas personas a partir de las recomendaciones emitidas por esta Defensoría.
A partir de que se materializó el acuerdo migratorio, esta Institución Nacional de Derechos Humanos se mantendrá vigilante para que, ante un posible incremento de personas deportadas, las condiciones de su permanencia sean acordes con un estricto abordaje en derechos humanos y el cumplimiento de los estándares de protección establecidos.
La inspección se llevó a cabo en conjunto con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
