San José, 11 mar (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes solicitó a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) la suspensión inmediata de los instrumentos tarifarios vigentes para el servicio de acueducto y alcantarillado, debido a un “severo desbalance financiero” que afecta a miles de hogares costarricenses.
La entidad denuncia que la aplicación de la metodología tarifaria (resolución RE-0008-IA-2025) ha disparado los costos del servicio.
La Defensoría documentó casos donde la facturación mensual por el servicio de agua potable ha aumentado de un promedio de 24.146 colones a más de 51.071 colones, a pesar de mantener niveles de consumo similares.
Esta situación afecta a propiedades con dos o más unidades habitacionales que comparten un único medidor residencial.
Según la investigación, el AyA clasifica a estos hogares, que suman más de 38 mil a nivel nacional, como condominios, aplicándoles la tarifa de grandes consumidores (macromedidor).
Esta situación genera una “extracción de rentas que penaliza de manera desproporcionada al usuario final”.
A pesar de que la Intendencia de Agua anunció en octubre de 2025 una revisión de la estructura tarifaria, la solución se ha pospuesto. La Intendencia solicitó dos meses adicionales para resolver la solicitud de suspensión, argumentando la complejidad técnica y jurídica del caso.
La Defensoría, en su comunicación del 27 de febrero, aceptó los nuevos plazos, pero reiteró su preocupación por el impacto de las tarifas actuales en las familias. “El tiempo que tome la Intendencia de Agua en realizar sus estudios no debe seguir corriendo en contra del presupuesto de las familias, quienes actualmente se ven forzadas a recortar gastos esenciales”, indicó la Defensoría.
La Defensoría instó a la Intendencia de Agua a agilizar el proceso y se mantendrá vigilante a la información que se remitirá en marzo y al resultado final de la valoración técnica sobre la suspensión solicitada, utilizando todos los mecanismos a su disposición para asegurar tarifas justas.
