San José, 29 jul (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes concluyó que la estrategia “Puntos Violeta”, implementada por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), presenta múltiples debilidades e inconsistencias que impiden un impacto adecuado en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres.
El estudio de la Defensoría señala que algunos Puntos Violeta reportaron cero atenciones durante varios meses. La investigación indica que durante 11 meses, la profesional contratada en el Punto Violeta de Santa Cruz no realizó ninguna función. Otros puntos en Nicoya, Cartago, Orotina, Corredores, Osa, Desamparados y Esparza también mostraron inactividad.
Según los datos oficiales, solo un 2% de las atenciones se relacionan con hostigamiento sexual en el empleo y la docencia o acoso sexual callejero, que son los objetivos del contrato. La mayoría de las consultas se enfocan en temas habituales del Inamu, como otras formas de violencia, ayudas económicas, conflictos familiares, ansiedad, pensiones alimentarias o trámites institucionales, lo que refleja una desconexión entre el servicio y su finalidad contractual.
La Defensoría y la Auditoría Interna del Inamu señalaron la ausencia de estudios de pre-inversión documentados, lo que compromete la calidad de la política pública y expone a riesgos el uso de recursos estatales. En cuanto a la contratación de profesionales, se requirió solo un año de experiencia en atención a mujeres en situación de violencia, acreditada mediante declaración jurada, sin mecanismos adicionales de verificación.
La Defensoría evidenció el uso de contratación directa, bajo el supuesto de actividad extraordinaria, lo que plantea cuestionamientos sobre la legalidad, transparencia y eficiencia en el uso de recursos públicos. La estrategia genera una duplicación funcional, dispersa los recursos y debilita la coherencia institucional, sin un modelo operativo sostenible ni criterios técnicos robustos.
La Defensoría también analizó debilidades en cuanto a capacitaciones, supervisión, condiciones del servicio, infraestructura, ubicación, falta de rotulación, insuficiencia de información, difusión y valoración costo/beneficio. Para la Defensora de los Habitantes, “la ausencia de mecanismos adecuados de verificación de la idoneidad profesional, de la adecuada articulación interinstitucional, del seguimiento técnico y evaluación del servicio prestado, compromete la eficacia de la respuesta estatal y puede implicar riesgos de revictimización de las mujeres”.
La Defensoría recomienda reasignar los fondos de los Puntos Violeta para fortalecer las funciones sustantivas del Inamu, como la regionalización de los servicios. Se solicitó realizar mejoras antes de finalizar el contrato actual, esperando que no sea renovado. La Defensoría emitió recomendaciones a la Presidencia Ejecutiva del Inamu, a la Ministra de la Condición de la Mujer, a la Junta Directiva del Inamu y a la Auditoría del Inamu.
“Las mujeres requieren del Inamu servicios que sean accesibles, especializados, eficaces y articulados; capaces de brindar atención integral desde el primer contacto, con respuestas inmediatas y medidas concretas de protección. Necesitan una institucionalidad que reconozca la gravedad de cada situación, que actúe con prontitud, y que garantice, de forma efectiva, la protección de sus vidas y las de sus hijas e hijos. En su diseño y aplicación actual, la Ruta de Género, lejos de ser un camino efectivo de protección, corre el riesgo de convertirse en un laberinto institucional, carente de respuestas prontas e inmediatas para las mujeres”, dijo la defensora Angie Cruickshank Lambert.
