San José, 04 nov (ElMundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes, sigue de cerca las acciones realizadas por el Ministerio de Ambiente y Energía; Ministerio de Salud; Municipalidad de San Rafael de Heredia y Servicio Nacional de Aguas, Riego y Avenamiento (SENARA), para velar por el resguardo de los acuíferos de Barva y Río Segundo, esto debido a la operación de un tajo y su posible afectación, según la resolución de la Sala Constitucional No. 01615-2014.
Esta resolución fue ordenada por los Magistrados, la cual implicaba las medidas que se debían tomar para la protección de los acuíferos de la zona, involucrando al Ministerio de Salud, la Municipalidad de San Rafael de Heredia, la Dirección de Geología y Minas, la Dirección General de Armamento, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y a la empresa que opera el tajo.
Entre las disposiciones, de esa resolución, la Sala Constitucional dispuso, realizar estudios hidrogeológicos de contaminación por medio de hidrocarburos; realizar un estudio hidrológico exhaustivo.También un estudio de las zonas de protección y la influencia o afluencia de los acuíferos.
A la vez requirió medir el nivel de profundidad de explotación para evaluar el impacto del tajo sobre los recursos subterráneos.
Tras estas medidas, la Defensoría ha podido afirmar que existe una débil coordinación interinstitucional para cumplir la sentencia de la Sala IV, lo que significa que el recurso hídrico se encuentra vulnerable.
Por esta razón la Defensoría expresó mediante un comunicado que la concesión de dicho tajo vence en abril del 2016 y ésta puede ser renovada sin haberse resuelto los cuestionamientos sobre su operación y la afectación a los mantos acuíferos.
Tras este hecho de vulnerabilidad se deja en evidencia la obligación de las instituciones involucradas a verificar su funcionamiento adecuado y el cumplimiento de los requisitos mínimos, así como los compromisos adquiridos por la empresa en el cronograma elaborado por SENARA.
La Defensoría de los Habitantes reiteró que es indispensable el trabajo coordinado entre instituciones para asegurar a la población de este cantón herediano que la actividad desarrollada se ajusta a la normativa vigente en el país. Dicha coordinación es esencial para asegurar el Derecho Humano al agua tal y como ha sido reconocido por la comunidad internacional y que emana de las obligaciones de derechos humanos del Estado costarricense.
Por lo que esta entidad recientemente llamó la atención de las instituciones involucradas sobre la necesidad de avanzar en el cumplimiento de la resolución de la Sala Constitucional. El informe final con recomendaciones de la Defensoría fue enviado a las y los Magistrados.
