San Pedro, 26 abr (elmundo.cr)- Según la Defensoría de los Habitantes, Costa Rica requiere, con urgencia, de una norma técnica que permita regular la aplicación del aborto terapéutico contemplado y vigente en el artículo 121 del Código Penal.
Esto, agregan, como parte del seguimiento al cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado costarricense al ratificar instrumentos internacionales de derechos humanos, a partir de la denuncia recibida en el 2010 por la falta de aprobación e implementación de la “Guía de interrupción terapéutica del embarazo” que fue elaborada por las autoridades de la CCSS y de la sociedad civil.
En el informe final rendido, en su oportunidad por la Defensoría, se recomendó a la CCSS implementar la Guía, tomar las medidas para que ésta incluyera los medicamentos modernos y recomendados por la Organización Mundial de la Salud, y valorar la inclusión de las causales de aborto terapéutico recomendadas al Estado Costarricense por el Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW), el Comité de los Derechos del Niño y el Comité de Derechos Humanos.
En junio del 2017, la Defensoría le señaló al Comité CEDAW que a partir de la información obtenida el Estado no había demostrado una intención verificable de cumplimiento a las recomendaciones relativas al aborto y no se contaba con un protocolo o guía para la implementación del aborto impune –figura legalmente establecida en el país cuando está en riesgo la salud y la vida de la embarazada- ni se han tomado las medidas necesarias para que las mujeres, adolescentes y niñas víctimas de violación o incesto tengan acceso al procedimiento, ni existe este acceso garantizado a las mujeres con embarazos en los casos de malformaciones incompatibles con la vida extrauterina (MIVE).
El Estado costarricense respondió al Comité CEDAW lo siguiente: “(…) 55. En relación con el protocolo de aborto terapéutico se encuentra en proceso de redacción por parte del Ministerio de salud de la Norma Técnica de aplicación para lo cual se creó una comisión Interinstitucional (CCSS, Cancillería y Ministerio de salud). (…)
En julio de 2017, el comité CEDAW, comunicó al Estado las Observaciones Finales dentro de las cuales se incluye acelerar el proceso de aprobación de las directrices técnicas para el aborto terapéutico y vio con preocupación el retraso en la adopción de directrices técnicas para el aborto terapéutico que conduzca a abortos inseguros y recomienda, entre otros temas de salud: “(…) B) Acelerar la adopción de directrices técnicas para el aborto terapéutico y llevar a cabo campañas de sensibilización para evitar la estigmatización de las mujeres que buscan aborto. (…)”
En relación con dicho proceso, en setiembre de 2017 el Ministerio de relaciones Exteriores y Culto, informando que posiblemente para diciembre 2017 se contaría con el instrumento.
No obstante lo anterior, en octubre de 2017 la Casa Presidencial emitió un comunicado de prensa dirigido a la ciudadanía, en el que desmintió categóricamente que se haya emitido algún documento o norma oficial acerca de procedimientos relacionados con la interrupción del embarazo por razones terapéuticas y en el que orienta a descartar cualquier versión que esté circulando.
Esta semana, ACCEDER informó que se les comunicó que por una “decisión política” no se publicará la norma técnica.
“En la actualidad el país se encuentra en deuda con los órganos de tratado de Naciones Unidas; cuestionado ante el Sistema Interamericano de DDHH y sin garantizar plenamente el cumplimiento del artículo 121 del Código Penal que protege la vida y la salud de las mujeres embarazadas”, dijo Defensoría.
