San José, 05 mar (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes celebró la aprobación en segundo debate del proyecto de ley 23908, el cual busca fortalecer la protección y seguridad de los usuarios de servicios financieros ante las estafas electrónicas.
La institución considera que esta ley representa un avance significativo en la defensa de los derechos de los consumidores.
La Defensoría participó activamente en la elaboración del proyecto, buscando “una redacción equilibrada y dirigida al interés público”, según sus declaraciones. El objetivo principal es proteger a los consumidores financieros, basándose en las obligaciones de los bancos, definidas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) y las mejores prácticas internacionales.
El proyecto de ley no impone nuevas obligaciones a los bancos, sino que se fundamenta en la normativa existente, como la resolución 10-07 de la SUGEF. Esta resolución ya exige a los bancos implementar tecnología que utilice elementos de ingeniería social para prevenir estafas, lo que se considera un estándar alto en la prevención de ciber fraudes.
La Defensoría enfatiza que esta iniciativa no debería generar un aumento en los costos operativos ni afectar a los clientes.
La ley promueve el “perfilamiento” a través de la tecnología, una práctica ya solicitada por la SUGEF, que permite crear una “huella digital” del cliente. Esto facilita a los bancos la implementación de medidas de seguridad y la reducción de riesgos de ciber fraudes.
En caso de estafas, la ley establece que las entidades financieras son responsables de contar con la tecnología necesaria para garantizar los estándares definidos por la SUGEF, los cuales deben ser actualizados anualmente.
La Defensoría recordó que, según los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, las empresas, incluyendo los bancos, tienen la responsabilidad proactiva de respetar los derechos fundamentales en toda su cadena de valor. Esto implica implementar procesos de debida diligencia y establecer mecanismos de reparación ante posibles vulneraciones.
Finalmente, la ONU insta al sector privado y estatal a actuar como un actor clave en la promoción de la dignidad humana, integrando la transparencia y la rendición de cuentas en su modelo de negocio.
