Barzuna cuestiona “ventas amarradas” en sector bancario

San José, 24 jun (elmundo.cr) – El diputado de Pueblo Soberano, Antonio Barzuna, puso bajo la lupa las prácticas de “ventas cruzadas” o “atadas” en el sistema financiero costarricense, durante su intervención en la Comisión Permanente Especial de Nombramientos.

Barzuna cuestionó la actuación de los grupos de interés económico que, al otorgar créditos, condicionan a los usuarios a contratar pólizas de seguros con sus propias corredurías, eliminando la capacidad de elección del consumidor.

“Alguien va y compra un carro, necesita el financiamiento de un banco, el banco le autoriza el crédito y le amarra el seguro a su propia correduría. Es decir, ahí se tiene un grupo de interés económico con un banco que es el negocio principal y tiene un negocio paralelo que también comisiona el mismo grupo”, señaló el legislador.

El diputado solicitó la postura de Marco Vinicio Arroyo, miembro del órgano superior de la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom), sobre cómo mitigar estos conflictos de interés que, a su juicio, perjudican la libre concurrencia en el mercado.

Por su parte, Arroyo reconoció que estas prácticas tienen efectos “nocivos” para la competencia y subrayó que el derecho a elegir es fundamental para el consumidor.

“Efectivamente, cuando estamos hablando en materia de competencia, es darle la posibilidad al consumidor de escoger la mejor opción, de que los actores compitan en el mercado y se fuercen a ofrecer las mejores condiciones”, explicó Arroyo.

El representante de la Coprocom adelantó que existe una iniciativa en construcción, derivada de su paso por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), que busca fortalecer la prohibición de las ventas atadas.

Asimismo, Arroyo enfatizó que para erradicar estas conductas es necesario robustecer la coordinación entre las autoridades de competencia y los órganos de supervisión financiera del país.

Defensoría celebra aprobación de ley contra estafas electrónicas: Fortalece protección y seguridad

San José, 05 mar (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes celebró la aprobación en segundo debate del proyecto de ley 23908, el cual busca fortalecer la protección y seguridad de los usuarios de servicios financieros ante las estafas electrónicas.

La institución considera que esta ley representa un avance significativo en la defensa de los derechos de los consumidores.

La Defensoría participó activamente en la elaboración del proyecto, buscando “una redacción equilibrada y dirigida al interés público”, según sus declaraciones. El objetivo principal es proteger a los consumidores financieros, basándose en las obligaciones de los bancos, definidas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) y las mejores prácticas internacionales.

El proyecto de ley no impone nuevas obligaciones a los bancos, sino que se fundamenta en la normativa existente, como la resolución 10-07 de la SUGEF. Esta resolución ya exige a los bancos implementar tecnología que utilice elementos de ingeniería social para prevenir estafas, lo que se considera un estándar alto en la prevención de ciber fraudes.

La Defensoría enfatiza que esta iniciativa no debería generar un aumento en los costos operativos ni afectar a los clientes.

La ley promueve el “perfilamiento” a través de la tecnología, una práctica ya solicitada por la SUGEF, que permite crear una “huella digital” del cliente. Esto facilita a los bancos la implementación de medidas de seguridad y la reducción de riesgos de ciber fraudes.

En caso de estafas, la ley establece que las entidades financieras son responsables de contar con la tecnología necesaria para garantizar los estándares definidos por la SUGEF, los cuales deben ser actualizados anualmente.

La Defensoría recordó que, según los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, las empresas, incluyendo los bancos, tienen la responsabilidad proactiva de respetar los derechos fundamentales en toda su cadena de valor. Esto implica implementar procesos de debida diligencia y establecer mecanismos de reparación ante posibles vulneraciones.

Finalmente, la ONU insta al sector privado y estatal a actuar como un actor clave en la promoción de la dignidad humana, integrando la transparencia y la rendición de cuentas en su modelo de negocio.

Sobreendeudamiento en Costa Rica: 715.780 deudas en cobro judicial y el 40% de la población laboral “manchada”

San José, 19 nov (elmundo.cr) – Un conversatorio en el Colegio de Abogados reunió a expertos para analizar el creciente problema del sobreendeudamiento en Costa Rica. Los registros del Poder Judicial revelan que 715.780 deudas se encontraban en cobro judicial al cierre de 2024, lo que implica que aproximadamente el 40% de la población laboral está excluida del sistema financiero formal.

Los participantes destacaron la gravedad de la situación, especialmente considerando que muchas de estas deudas corresponden a créditos de consumo y gastos personales, y no a financiamiento para vivienda o actividades productivas.

Se señaló que las altas tasas de interés, que pueden llegar al 36% o incluso al 51%, incentivan el sobreendeudamiento, convirtiendo al crédito de consumo en “una fábrica permanente de exclusión financiera”.

La Msc. Adriana Rojas Rivero, presidenta de APRODECO, subrayó las “asimetrías groseras” que enfrentan los consumidores financieros y la necesidad urgente de una ley de protección al consumidor financiero, similar a la que existe en Europa. El Lic. David Carreras enfatizó la importancia de vigilar la composición de las carteras de crédito y advirtió sobre la creciente proporción de créditos de consumo.

Yeikol Zúñiga propuso un Plan Nacional de Refinanciamiento de Deudas para limpiar el historial crediticio de las personas sobreendeudadas y reintegrarlas al sistema financiero.

Tanto el Observatorio del Mercado y los Derechos del Consumidor como el Sindicato Nacional de Enfermería y Afines instaron a la Asamblea Legislativa a aprobar una ley de protección al consumidor financiero y a implementar políticas públicas efectivas para abordar esta “auténtica pandemia social”.

Defensoría urge aprobar ley para proteger a usuarios de fraudes bancarios

San José, 09 abr (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes manifestó su apoyo al proyecto de Ley 23.908, que busca proteger a los consumidores en la custodia de su dinero en entidades financieras.

“El proyecto de Ley, a criterio de la Defensoría, constituye una respuesta a las y los usuarios de servicios bancarios, que han sido víctimas de estafas”, indicó la institución.

La Defensoría atendió durante el último año a personas, principalmente clientes de bancos públicos, que fueron víctimas de estafas y denunciaron malos tratos, negación de información y otros problemas por parte de las entidades bancarias, particularmente a adultos mayores.

“Esta Defensoría reprocha el que los procedimientos internos en los bancos, tras la denuncia interpuesta por las víctimas, llegue [a] superar los 120 hábiles en algunos casos”, señaló la institución.

Critican que las respuestas carecen de respaldo técnico, a pesar de la responsabilidad objetiva de las entidades financieras en garantizar la seguridad informativa.

La Defensoría solicitó a la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) información sobre las condiciones de seguridad de las plataformas tecnológicas de los bancos estatales, pero la SUGEF se negó a entregarla.

“La Defensoría de los Habitantes considera urgente la aprobación del proyecto de Ley”, y hace un llamado a las autoridades del sistema bancario a mejorar sus procedimientos, considerando a los clientes como “sujetos de protección”. Reiteran a la SUGEF la necesidad de brindar información para que los consumidores puedan elegir el banco con mayor seguridad.

Defensoría pide cuentas a Sugef por fallas en plataformas bancarias

San José, 11 oct (elmundo.cr) – Tras recibir denuncias de usuarios y usuarias que enfrentaron problemas con plataformas digitales bancarias, la Defensoría de los Habitantes solicitó a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) un informe sobre el estado de la seguridad cibernética en bancos públicos.

Los afectados reportaron problemas para ingresar a la aplicación SINPE, realizar pagos, así como otras afectaciones en la aplicación móvil, el sitio web y canales digitales. También denunciaron supuestos rebajos excesivos, cobros duplicados y pagos de compras con fechas futuras.

“En el marco de la utilización de la tecnología de la información por parte de las entidades bancarias, es importante conocer la labor que ha venido realizando la Sugef”, indicó la Defensoría.

Amparada en el reglamento aprobado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, la Sugef debe velar por el cumplimiento de los requerimientos para el gobierno y la gestión de la tecnología de la información y sus riesgos asociados en las entidades supervisadas.

En particular, la Defensoría solicitó información sobre:

* Indicadores para medir la eficacia y eficiencia de la seguridad cibernética
* Programas de análisis de vulnerabilidades y pruebas de seguridad
* Existencia de unidades, funciones y comités de gestión de riesgos de seguridad de la información y cibernética
* Promoción de la cultura de la seguridad de la información y cibernética
* Actualización anual del perfil tecnológico y su evaluación según los lineamientos del reglamento
* Cambios significativos en el perfil tecnológico y su impacto
* Resultados de auditorías externas de TI

DEKRA presenta recurso de amparo para proteger calidad de inspecciones vehiculares

San José, 6 ago (elmundo.cr) – DEKRA presentó un recurso de amparo y una queja para asegurar la experiencia técnica de las empresas que realizan inspecciones vehiculares en Costa Rica.

Esta acción surge tras la confirmación de Cosevi sobre la falta de experiencia técnica de TÜV Rheinland, tal como lo había señalado la Contraloría.

Según la Contraloría, “cualquier oferta para realizar inspecciones vehiculares debe contar con una empresa del grupo con al menos 25.000.000 de inspecciones realizadas”.

La Comisión Evaluadora de Cosevi reveló el 1 de agosto que la oferta de SECTA, empresa del grupo de TÜV Rheinland, “no cumple con lo requerido (…) en la cláusula 3.1.2 ‘Experiencia técnica'”.

Pese a lo anterior, la Comisión Evaluadora recomendó preseleccionar a TÜV Rheinland para inspecciones vehiculares en Costa Rica. DEKRA presentó las denuncias “para garantizar que las empresas que prestan servicios a los ciudadanos de Costa Rica tengan la experiencia necesaria para proporcionar inspecciones de vehículos de calidad”, afirmó.

La Contraloría también ordenó revisar las inspecciones realizadas por SECTA, pues era la única entidad de TÜV Rheinland que podía cumplir el requisito de las 25.000.000 de inspecciones.