San José, 20 ago (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes denunció este martes que al menos 5 ministerios enfrentarían recortes presupuestarios que violarían los límites establecidos por la Ley N°9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
El artículo 24 de dicha ley obliga a la Dirección General de Presupuesto Nacional a garantizar que la asignación presupuestaria “no podrá ser inferior al presupuesto vigente” en el 2019.
Sin embargo, la Defensoría detectó que, en el límite presupuestario máximo para el año 2025 emitido por el Ministerio de Hacienda, varios ministerios enfrentarían reducciones significativas:
- Ministerio de Educación: -5%
- Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos: -18%
- Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones: -55%
- Ministerio de Obras Públicas y Transportes: -61%
- Ministerio de Salud: -73%
La Defensoría advirtió que estos recortes afectarían “los derechos humanos fundamentales” y recordó que la Sala Constitucional ha intervenido en casos de violación de los límites presupuestarios, como ocurrió con el presupuesto del Patronato Nacional de la Infancia.
Sala Constitucional avaló los límites
La Sala Constitucional, al analizar el proyecto de Ley N°9635 en el 2018, estableció que durante el proceso de asignación presupuestaria se debe garantizar “el efectivo cumplimiento de los derechos que se pretenden financiar y el principio de progresividad de los derechos humanos”.
La Defensoría reconoció que el Poder Ejecutivo podría asignar el mismo monto nominal sin ajuste, lo que implicaría una pérdida del valor real de la asignación presupuestaria. Sin embargo, enfatizó que los límites establecidos en la ley constituyen una garantía mínima al momento de presentar el anteproyecto de presupuesto ante la Asamblea Legislativa.
La Defensoría indicó que seguirá analizando las afectaciones presupuestarias a los derechos humanos y que evaluará la posibilidad de impugnar la constitucionalidad del presupuesto, especialmente en el caso del Ministerio de Educación, si se evidencia “el vaciamiento” de algún derecho fundamental o la imposibilidad de cumplir su misión constitucional.
