San José, 24 feb (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes presentó observaciones al Ministerio de Salud sobre una propuesta de reforma al Reglamento para la Calidad del Agua Potable, expresando preocupación por el incremento en los límites permitidos de residuos de plaguicidas y su impacto en la salud pública.
“Comparte la posición de diferentes organizaciones sobre la preocupación por los cambios en los valores máximos admisibles de residuos de plaguicidas, así como por su impacto en la salud pública y el agua para consumo humano”, indica el comunicado de la Defensoría.
La Defensoría advierte que la reforma propone sustituir el concepto de “Valor Máximo Admisible” (VMA) por “Valor de Alerta”, lo que permitiría la distribución de agua contaminada hasta que se realicen análisis de riesgo.
“Este cambio permitiría la distribución de agua contaminada hasta que se realicen análisis de riesgo para definir nuevos parámetros”, señala la institución. Esto podría “normalizar niveles de contaminación que, antes de la reforma, habrían requerido acciones inmediatas”.
Otro punto de preocupación es la capacidad del Laboratorio Nacional de Aguas del AyA para realizar los análisis necesarios. La Defensoría señala que el laboratorio carece de recursos para evaluar las fuentes locales de agua, lo que podría retrasar la definición de los valores de alerta.
“Este retraso podría dejar a comunidades consumiendo agua contaminada durante semanas o meses”, advierte la Defensoría.
La institución considera que la reforma contradice los principios de progresividad y no regresión de los derechos humanos, respaldados por resoluciones de la Sala Constitucional.
“Desde una perspectiva del derecho a la salud pública, al ambiente sano, el principio precautorio debería orientar todas las decisiones”, recalca la Defensoría.
La Defensoría solicitó al Ministerio de Salud que informe sobre el estado del trámite de la reforma, la incorporación de las observaciones recibidas y las acciones para garantizar la transparencia del proceso.
