San José, 21 may (elmundo.cr) – La diputada de Pueblo Soberano, Esmeralda Britton, presentó el expediente 25.600, denominado “Fortalecimiento y Modernización de la Junta de Protección Social (JPS)”, con el objetivo de adaptar a la institución a la era digital, combatir las plataformas de azar no autorizadas y salvaguardar los recursos destinados a más de 440 organizaciones sociales del país.
La iniciativa busca consolidar a la JPS bajo un doble rol estratégico: actuar como operador directo de loterías y apuestas, y posicionarse como la única autoridad reguladora y fiscalizadora de todos los juegos de azar en el territorio nacional.
De acuerdo con las estimaciones detalladas en el proyecto, el mercado ilegal acapara actualmente el 53% del sector de loterías y apuestas. Esta cifra representa una fuga de aproximadamente ₡297.000 millones anuales, fondos que dejarían de percibir programas sociales enfocados en adultos mayores, personas con discapacidad y proyectos de salud.
“Hoy damos un paso necesario para proteger los recursos sociales de Costa Rica. No podemos permitir que el crimen organizado y las plataformas ilegales sigan aprovechándose de un vacío legal mientras miles de personas dependen de estos fondos para recibir atención y oportunidades”, afirmó la legisladora Britton.
El expediente propone la implementación de mecanismos de supervisión tecnológica avanzada, que incluyen auditorías de software, monitoreo en tiempo real y la certificación de algoritmos para asegurar la transparencia y prevenir manipulaciones.
Asimismo, se establecen protocolos estrictos contra el lavado de dinero mediante la coordinación obligatoria entre la JPS, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y el CONASSIF.
“Esta ley adapta a Costa Rica a la era digital. Regular con tecnología también significa proteger a las personas, especialmente a los menores de edad y a las poblaciones más vulnerables. Queremos una regulación seria, moderna y transparente”, añadió la diputada.
El proyecto de ley contempla medidas punitivas y de control, tales como:
- Geobloqueo efectivo para plataformas no autorizadas.
- Sistemas robustos de verificación de identidad.
- Prohibición absoluta de participación para menores de 18 años.
- Sanciones de 2 a 6 años de prisión para quienes organicen, administren o financien juegos de azar ilegales sin la debida autorización.
“La JPS ha sido históricamente una institución solidaria que ayuda a miles de familias costarricenses. Modernizarla no es opcional, es una obligación para defender los programas sociales y cerrar espacios a la ilegalidad”, concluyó Britton.
