San José, 5 may (elmundo.cr) – La defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, presentó un recurso de amparo contra el presidente de la República, Carlos Alvarado, en razón de las disposiciones emitidas en el proyecto legislativo “Ley General de Acceso a la Información Pública y Transparencia”, pendiente de sanción o veto, porque “atenta contra la libertad de prensa”.
Cabe destacar que días atrás, la defensora pidió al presidente vetar la «Ley General de Acceso a la Información Pública y Transparencia», aprobada la semana anterior por los diputados.
Esta Ley establece, entre otras cosas, la limitación para solicitar datos o indagar sobre la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios, información acumulada para prevención e investigación de delitos, investigaciones preliminares de carácter judicial o administrativa.
Según esta norma, toda información contenida en un expediente administrativo o judicial será confidencial y no se podrá indagar o darla a conocer a la luz pública.
Para la Defensoría es indispensable la prensa independiente a efectos de garantizar que el Sistema Político Democrático pueda detectar, atender y juzgar toda desviación de poder que favorezca el desarrollo de la corrupción en nuestro país.
Según defensora, la labor periodística es una vía a través de la cual las autoridades rinden cuentas ante la opinión pública, respecto a su quehacer institucional y por ello no se puede amordazar su ejercicio como forma de lucha contra la corrupción.
La Defensoría sostuvo que los mandos públicos, tienen el deber de mostrar apertura, para recibir las consultas que se presenten, asumir la crítica constructiva, así como aclarar y brindar respuesta oportuna y razonada cuando esta les es planteada.
Además, considera que se debe propiciar un ambiente de veracidad, inmediatez, transparencia y publicidad de la información, propia de una sociedad abierta que reconoce como forma de gobierno el Estado social y democrático de derecho y que impide la censura directa o indirecta.
Por su parte, en la acción judicial, la Defensoría argumentó razones por las cuales este proyecto resulta lesivo a derechos fundamentales como transparencia, rendición de cuentas, y autodeterminación informativa, por lo que es improcedente su firma; y pide una medida precautoria.
