CRECEX respalda prórroga de Puerto Caldera, pero urge su modernización

San José, 30 jun (elmundo.cr) – La Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica y de Representantes de Casas Extranjeras (CRECEX) manifestó su respaldo a la decisión del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) de extender por un año la concesión operativa de Puerto Caldera, como una medida responsable para garantizar la continuidad del servicio portuario mientras concluyen las etapas legales y administrativas del proceso de adjudicación de la nueva concesión.

Para CRECEX, mantener en operación continua a Puerto Caldera es fundamental para la estabilidad de la cadena logística nacional, el abastecimiento del mercado, la atención de importadores y exportadores, y la competitividad del comercio exterior costarricense.

Un eventual cierre de Puerto Caldera hubiera tenido un impacto significativo sobre la economía nacional, al tratarse de la principal puerta de entrada y salida de mercancías por el Pacífico costarricense.

La paralización de sus operaciones afectaría de forma inmediata el flujo del comercio exterior, comprometiendo las cadenas de suministro, encareciendo la logística y generando atrasos en la entrega de productos tanto para el mercado nacional como para los destinos internacionales.

Las consecuencias se extenderían a múltiples sectores productivos. Industrias que dependen del ingreso oportuno de materias primas, insumos, maquinaria y bienes de consumo enfrentarían interrupciones en sus operaciones, mayores costos de transporte y almacenamiento, así como posibles incumplimientos contractuales con clientes internacionales.

Todo ello erosionaría la competitividad del país y afectaría la confianza de inversionistas y socios comerciales.

El impacto también alcanzaría al turismo. La suspensión de operaciones en Puerto Caldera podría afectar la llegada de cruceros al Pacífico, con repercusiones directas para la economía de Puntarenas.

“Desde CRECEX vemos esta decisión como una medida prudente, técnica y necesaria. El país no puede darse el lujo de generar vacíos operativos en una infraestructura estratégica como Puerto Caldera. Respaldamos que el INCOP haya actuado con sentido de responsabilidad institucional para preservar la continuidad del servicio, respetando al mismo tiempo las etapas jurídicas y los controles propios del proceso”, señaló Rodney Salazar, presidente de CRECEX.

La Cámara enfatizó en que el manejo del proceso debe valorarse dentro de un contexto complejo, en el cual convergen la necesidad urgente de modernizar la infraestructura portuaria, el vencimiento de contratos vigentes, la participación de instancias de control y la resolución de recursos administrativos.

En ese sentido, CRECEX reconoce la importancia de que el INCOP continúe actuando con orden, transparencia y apego a los procedimientos establecidos.

“Lo relevante es que el país mantenga dos objetivos simultáneos: asegurar la operación actual sin interrupciones y avanzar, sin retrocesos, hacia la modernización definitiva de Puerto Caldera. La prórroga no debe interpretarse como una pausa, sino como una medida de continuidad mientras se completa la ruta institucional correspondiente”, agregó la Cámara.

CRECEX reiteró que Puerto Caldera requiere una intervención estructural y una modernización profunda que permita ampliar capacidad, mejorar eficiencia, reducir cuellos de botella y responder a las necesidades actuales y futuras del comercio internacional.

La nueva concesión debe traducirse en mejores niveles de servicio, mayor inversión, equipamiento moderno, infraestructura adecuada y reglas claras para los usuarios.

La Cámara hizo un llamado respetuoso a todas las instituciones involucradas para que el proceso continúe con la mayor celeridad posible, dentro del marco legal aplicable, y evitando nuevas demoras que puedan afectar la competitividad del país.

“Costa Rica necesita infraestructura portuaria moderna, eficiente y confiable. Caldera es un punto neurálgico para el comercio exterior, y su modernización debe seguir siendo una prioridad nacional. Respaldamos las decisiones que den certeza, continuidad y seguridad jurídica al proceso”, concluyó Salazar.

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