San José, 05 oct (elmundo.cr) – La Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica y de Representantes de Casas Extranjeras (CRECEX) manifestó su preocupación ante la nueva suspensión que enfrenta el proceso de modernización de Puerto Caldera, luego de que una medida cautelar dictada en sede contencioso-administrativa obligara a detener temporalmente las negociaciones del nuevo contrato de concesión.
CRECEX está haciendo un llamado respetuoso al Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda para que, dentro del marco de sus competencias, con plena independencia y garantizando los derechos de todas las partes involucradas, este asunto pueda ser analizado y resuelto con la mayor diligencia y sentido de urgencia posibles.
Para la Cámara, la debida tutela judicial, el cumplimiento de la legislación ambiental y el derecho de cualquier ciudadano a acudir ante los tribunales son elementos fundamentales del Estado de Derecho. Sin embargo, también resulta indispensable reconocer que las decisiones relacionadas con infraestructura crítica tienen consecuencias directas sobre la competitividad, el comercio exterior, los costos logísticos y, finalmente, sobre empresas y consumidores.
“Costa Rica no puede permitirse que proyectos estratégicos permanezcan indefinidamente atrapados entre procedimientos administrativos y judiciales”, dijo Rodney Salazar, presidente de CRECEX.
Desde CRECEX consideramos que los cuestionamientos ambientales deben analizarse con absoluta seriedad y rigurosidad, pero precisamente por la trascendencia del proyecto resulta fundamental que las autoridades judiciales cuenten con los elementos necesarios y puedan adoptar una resolución en el menor plazo razonablemente posible.
Puerto Caldera constituye una infraestructura fundamental para la conexión comercial de Costa Rica con la cuenca del Pacífico y durante años ha enfrentado problemas de saturación y limitaciones de infraestructura.
“Por eso, cada nuevo atraso tiene un costo económico real. Se traduce en mercancías que deben buscar rutas alternativas, mayores costos de transporte, incertidumbre en las cadenas de suministro y pérdida de competitividad para exportadores e importadores”, indicó Salazar.
“No estamos solicitando que se omitan controles, requisitos ambientales ni garantías procesales. Todo lo contrario: queremos que estos sean atendidos con rigurosidad. Lo que Costa Rica necesita es que esos controles también operen con sentido de oportunidad. Un proyecto estratégico para el país no puede quedar durante meses o años en incertidumbre mientras empresas y consumidores continúan pagando el costo de una infraestructura que requiere urgentemente modernización”, añadió.
La Cámara de Comercio Exterior considera necesario abrir además una discusión nacional más amplia sobre los tiempos que requieren los grandes proyectos de infraestructura pública.
“Costa Rica no puede normalizar que una obra estratégica necesite años para superar sucesivamente estudios, permisos, objeciones, apelaciones, adjudicaciones, refrendos y procesos judiciales antes siquiera de comenzar su construcción.
Puerto Caldera no es un proyecto de un Gobierno, de una institución o de un concesionario. Es infraestructura estratégica para Costa Rica. El país necesita seguridad jurídica, necesita controles y necesita protección ambiental; pero también necesita decisiones oportunas. Después de tantos años de rezago, el factor tiempo debe convertirse también en una variable de interés público”, concluyó Salazar.
El proceso para la modernización de Puerto Caldera ha recorrido durante varios años diferentes etapas técnicas, administrativas y de control. La actual licitación internacional fue publicada desde octubre de 2024 y contó con el acompañamiento técnico de la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial. Posteriormente, el proceso avanzó hasta la adjudicación al Consorcio Sunset y, en julio de 2026, la Contraloría General de la República rechazó los recursos de apelación presentados contra el acto final, quedando firme la adjudicación en vía administrativa.
Ahora, una medida cautelar derivada de un reclamo de naturaleza ambiental ha obligado a suspender temporalmente las negociaciones contractuales mientras el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda resuelve el asunto correspondiente.
Cabe recordar que la nueva concesión representa una inversión cercana a los $600 millones y contempla, entre otras intervenciones, nuevos muelles, mayor profundidad de atraque, ampliación de patios y áreas de almacenamiento, modernización del equipamiento, mejoras en los accesos y nuevas herramientas tecnológicas para la operación y trazabilidad de mercancías.
CRECEX reconoció el trabajo que ha venido desarrollando el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) para estructurar y sacar adelante el nuevo modelo de concesión, así como las gestiones realizadas por el Gobierno de la República para procurar la continuidad y modernización de esta infraestructura.
