San José, 10 oct (elmundo.cr) – El costo de la nueva sede de la Asamblea Legislativa prácticamente se duplicó, al pasar de $52 millones de dólares a más de $100 millones de dólares.
Los datos fueron dados por funcionarios de la Contraloría General de la República (CGR) durante una audiencia ante la Comisión del Control de Ingreso y Gasto Público del Congreso, en la cual la institución, un ente auxiliar de la Asamblea Legislativa, destapó una serie de irregularidades en torno a la construcción de lo que será la nueva sede del Primer Poder de la República.
El proyecto ha tenido, además de varios traspié, incrementos en su costo final. El primer primer diseño, aquel que pasaba por encima de las actuales instalaciones iba a costar $32 millones de dólares, sin embargo ese al ser rechazado por Patrimonio Nacional debió diseñarse otro que al construirlo, costaría $52 millones de dólares.
La Contraloría no detalló ante los diputados los motivos por los cuales el precio del edificio se disparó al doble. Inclusive, ese costo no contempla las reparaciones y restauraciones que deben hacerse a la sede actual en Cuesta de Moras.
A ese incremento en el costo de las obras se suma el pago irregular de 690.000 dólares, unos 372.600.000 colones, hecho al arquitecto Javier Salinas, quien confeccionó el diseño de lo que será el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa.
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La investigación arrojó que el fideicomiso le pagó al arquitecto $1,16 millones de dólares por los planos del primer diseño, de los cuales $690.000 dólares solamente podían pagarse cuanto Salinas cumpliera con la obtención de todos los permisos correspondientes, lo cual no ocurrió.
La Contraloría ordenó empezar las gestiones necesarias para recuperar esos dineros y además, establecer las responsabilidades administrativas correspondientes.
La nueva sede del Congreso sería una torre de 21 pisos, cuatro de ellos subniveles en los cuales se albergará a los 57 diputados, sus asesores, periodistas que cubren el día al día el acontecer del Congreso, trabajadores administrativos y los ciudadanos que se apersonan para supervisar la labor de los diputados; ubicada en los antiguos apartamentos Lahm.
De esta manera, la Asamblea Legislativa tendria la misma altura que la torre del Banco Nacional de Costa Rica y que del Hotel Hilton Garden Inn en La Sabana.
El proyecto inicialmente estimado en 52 millones de dólares se disparó a más de 100 millones de dólares, según arrojó la Contraloría. Del presupuesto de 76,2 millones de dólares vigente hoy, a la fecha se han ejecutado 10,5 millones de dólares, equivalente al 14% del total.
La Contraloría también encontró contrataciones de bienes y servicios sin que se hubiese formalizado un contrato, contratación de empresas morosas con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), adelantos irregulares de dinero, incumplimientos contractuales, pagos ilegales y desorden en los expedientes.
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¿DETENER LAS OBRAS?
La gran interrogante luego de los descubrimientos hechos por la Contraloría es si las obras serán paralizadas o inclusive canceladas.
Actualmente el Ministerio Público tiene abierta una investigación para determinar si la contratación directa (sin concurso) que se hizo de Javier Salinas para confeccionar el segundo diseño del nuevo edificio, estuvo apegada a la legislación vigente.
La Contralora General, Marta Acosta dijo a los diputados que el Área Jurídica de esa institución se encuentra redactando un criterio que servirá de insumo al Ministerio Público, pero no ahondó en detalles por tratarse de un caso abierto.
Antonio Álvarez Desanti, Presidente de la Asamblea Legislativa le consultó a Acosta si era oportuno suspender las obras mientras se resolvía la investigación, sin embargo la Contralora manifestó que su investigación no tiene tal efecto.
Interrogado por los medios de comunicación sobre si ordenaría cancelar las obras, Desanti indicó que es un tema que deberán analizar con sumo cuidado, especialmente porque a la fecha ya se han usado más de $10,5 millones de dólares, todos pagados con fondos públicos.
“Magdalena no está para tafetanes”
El diputado Otto Guevara Guth le solicitó al Directorio Legislativo detener el proyecto de construcción del nuevo edificio legislativo luego de los descubrimientos de la Contraloría.
“Considero que el proyecto de este edificio debe detenerse lo más pronto posible, debido al exceso de costos. Esos 100 millones de dólares tienen que salir de algún lado. ¿De dónde tiene la Asamblea Legislativa para pagar el arrendamiento al banco? ¡Del Presupuesto Nacional! Esto representaría incrementos importantes en el Presupuesto Nacional para los siguientes 20 años que es lo que dura el fideicomiso pagando una suma exorbitante por el arrendamiento de ese edificio”, manifestó el libertario.
Por su parte, el Banco de Costa Rica, fiduciario del proyecto indicó en un comunicado de prensa que “procederá a hacer un análisis minucioso” de los hallazgos de la CGR, “con el propósito de determinar las medidas correctivas que correspondan adoptar, o bien si cabe, solicitar alguna aclaración o reconsideración”.
“El Banco de Costa Rica es consciente de la importancia que tiene un adecuado control interno en lo que concierne a la gestión de fondos públicos o activos de obra pública, en razón de lo cual, queremos señalar categóricamente que asumiremos este estudio con la responsabilidad que es propia de estos deberes y, naturalmente, nuestro compromiso es implementar aquellas medidas correctivas que sean las más convenientes para el logro de los fines del fideicomiso, en lo que ya se tienen importantes avances”, dijo la institución bancaria.
La decisión de continuar o no con el proyecto sería anunciada en las próximas semanas.
