San José, 08 oct (elmundo.cr) – La diputada oficialista Marta Esquivel afirmó que la Asamblea Legislativa debe investigar el financiamiento de los partidos políticos durante los periodos electorales 2021-2022 y 2025-2026, con el objetivo de esclarecer posibles vínculos con estructuras relacionadas con el narcotráfico y el crimen organizado.
La legisladora defendió la aprobación de una moción para ampliar el análisis del financiamiento partidario y sostuvo que la investigación debe permitir conocer el origen de los recursos utilizados durante las campañas electorales.
“Logramos que se aprobara una moción para generar una investigación del financiamiento de los partidos políticos en términos generales”, manifestó Esquivel.
La diputada relacionó la iniciativa con los cambios en la lucha contra el crimen organizado tras la aprobación de la extradición de costarricenses por delitos de narcotráfico y terrorismo, así como con el apoyo de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
“A partir de la aprobación de la extradición de nacionales y el apoyo de la DEA, sin lugar a dudas, el apoyo del Gobierno de Estados Unidos hizo un cambio drástico en cómo se viene manejando el ataque al crimen organizado, a la legitimación de capitales y al narcotráfico”, declaró.
Investigación abarcará campañas de 2022 y 2026
Esquivel señaló que las pesquisas deberán revisar los periodos electorales 2021-2022 y 2025-2026, con el propósito de esclarecer cualquier posible relación entre el financiamiento político y organizaciones vinculadas con actividades criminales.
“Así que nos tocará entonces revisar los periodos 2021-2022, 2025-2026, y que salga lo que tenga que salir”, expresó.
La legisladora insistió en que el país necesita conocer si estructuras delictivas han logrado penetrar distintos espacios de la vida política nacional.
“Este país lo que necesita es ver la realidad de cómo las estructuras de narcotráfico, de crimen organizado, se le han metido hasta el tuétano a este país”, afirmó.
La investigación legislativa busca examinar el financiamiento de las agrupaciones políticas durante ambos periodos electorales. Los posibles vínculos con estructuras criminales constituyen materia de investigación y no deben darse por demostrados sin pruebas y conclusiones de las autoridades competentes.