San José, 28 nov (elmundo.cr) – Con la nueva Ley de Arbitraje que regirá a partir de abril del 2025, Costa Rica se acerca cada vez más a convertirse en hub regional en esta materia, generando un gran impacto económico y de imagen para el país.
Se trata de la Ley para Armonizar la Normativa del Arbitraje Costarricense (Expediente No. 23.259), aprobada el 9 de septiembre de 2024, que unifica el marco regulatorio del arbitraje doméstico e internacional en el país.
Esta mañana, el Young Institute of Transnational Arbitration (Jóvenes del Instituto de Arbitraje Transnacional), con el patrocinio de la firma latinoamericana Aguilar Castillo Love y la colaboración de la Cámara de Comercio de Costa Rica, convocó a profesionales para analizar las principales innovaciones y desafíos de la aplicación de la nueva ley, que incluye reformas significativas en la forma en que se desarrollan los procedimientos arbitrales en Costa Rica.
Édgar Eduardo Méndez, codirector de este Instituto para la región de México y Centroamérica, quien brindó las palabras de apertura para el evento, mencionó que con esta nueva Ley se ofrece a las empresas nacionales y extrajeras un foro para resolución de disputas significativamente más célere y flexible que bajo el marco normativo actual, con lo cual agregó, Costa Rica avanza en su camino para convertirse en un hub moderno de arbitraje. Señaló que esta ley no es un fin en sí mismo, sino un medio para poder disfrutar de los beneficios del arbitraje, dependiente de su correcta aplicación por parte de los agentes involucrados en estos procesos.
En el primer panel, se discutió cómo esta ley permitirá a las empresas nacionales e internacionales resolver conflictos de manera más ágil y efectiva. Los participantes enfatizaron que este cambio permitirá simplificar los procesos, evitar judicializaciones innecesarias, llevar a cabo arbitrajes en uno o varios idiomas que no necesariamente deben ser el español y ofrecer una mayor credibilidad a nivel internacional.
Entre los principales avances que introduce la nueva Ley de Arbitraje destacan la creación de la figura del árbitro de emergencia, la posibilidad de llevar a cabo arbitraje doméstico en idiomas extranjeros y la eliminación del efecto suspensivo en las excepciones de competencia, efecto que, bajo el marco normativo actual, puede retrasar un arbitraje por años.
El árbitro de emergencia, una figura ya adoptada en otros países, permitirá resolver asuntos urgentes antes del inicio formal del proceso arbitral, ofreciendo protección cautelar inmediata a las partes involucradas.
Por otro lado, la eliminación del efecto suspensivo de las excepciones de competencia garantiza que los tribunales arbitrales puedan continuar con el desarrollo del caso y dictar un laudo final incluso si surgen cuestionamientos sobre su competencia, lo cual está en línea con estándares internacionales en la materia.
Esteban Agüero, socio del Bufete Aguilar Castillo Love y negociador del Tratado de Libre Comercio de Costa Rica con Estados Unidos, enfatizó la importancia de esta Ley al permitir la agilización de estos procesos, lo cual tendrá un impacto en la economía nacional, ya que el país se convierte en un destino más atractivo para las operaciones comerciales de empresas internacionales.
Además, Viviana Méndez, directora legal de Gensler para Latinoamérica, explicó que uno de los principales avances de la ley es que permite que el proceso sea menos engorroso y que se disminuya la intervención judicial. “Los aspectos positivos de esta ley son que las modificaciones buscan rapidez, soluciones efectivas y transparencia”, acotó. Agregó que esta ley permitirá que un arbitraje promedio tenga una duración total de entre 9 y 18 meses para llegar a un laudo final vinculante, mientras que un arbitraje bajo la ley actual suele durar entre 9 meses y 4 años.
Por su parte, durante el intercambio, Marcela Méndez, directora legal de The Coca-Cola Company, explicó el impacto que esta Ley tiene para las operaciones de empresas transnacionales, ya que fortalece la credibilidad del país ante la eventual negociación de cláusulas arbitrales.
Sin embargo, no todo son soluciones inmediatas. Los panelistas coincidieron en que el éxito de la reforma dependerá de su implementación. Es necesaria la capacitación de árbitros y la modernización de los reglamentos de los centros arbitrales para fortalecer el sistema.
El segundo panel del evento exploró cómo la nueva Ley para Armonizar la Normativa del Arbitraje Costarricense representa un cambio crucial para modernizar el arbitraje en Costa Rica. El panel analizó la evolución del arbitraje en el país, sus desafíos actuales y las oportunidades que ofrece esta legislación.
Karima Sauma, abogada de la firma DJ Arbitraje, explicó que los cambios más significativos de la nueva ley se ven en el arbitraje doméstico y que su mayor logro es eliminar inconsistencias previas.
Por su parte, Felipe Volio, abogado de la firma global White & Case, destacó la importancia de eliminar la dualidad entre arbitraje doméstico e internacional. La nueva ley establece un marco uniforme que promueve la buena fe y permite la flexibilidad en los procedimientos.
El panel también abordó retos actuales, como la limitación que impone la ley al permitir –en arbitrajes domésticos– únicamente árbitros con al menos cinco años de incorporación en el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.
Para Karima Sauma, es necesario subir el arbitraje de nivel y consolidarlo como un servicio de excelencia. Por su parte, Alberto Fernández, socio de la firma BTA Legal, enfatizó que el arbitraje no solo es un medio para resolver conflictos, sino también un espacio de diálogo entre las partes, que contribuye a una resolución más colaborativa.
La nueva Ley de Arbitraje no solo moderniza el marco legal del país, sino que también lo posiciona como un actor clave en la resolución de disputas comerciales a nivel regional. Con una implementación efectiva y la colaboración de los actores involucrados, Costa Rica tiene la oportunidad de convertirse en un hub de arbitraje, atrayendo inversión extranjera y fortaleciendo su economía.