San José, 20 nov (elmundo.cr) – Durante la Tercera Parte de la 27ª Sesión de la Autoridad Internacional de Fondos Marinos, la delegación costarricense, presidida por la embajadora Gina Guillén Grillo, representante Permanente de Costa Rica ante esta Autoridad, lideró significativas propuestas que apuntan a asegurar la protección efectiva del medio marino ante la amenaza del inicio de actividades de explotación minera en los fondos marinos.
En julio del 2022, Costa Rica propuso al Consejo de dicho organismo que se aplique una Prórroga Precautoria al inicio de la explotación debido a la falta de información científica sobre los ecosistemas y especies del mar profundo -lo que impide una evaluación de los potenciales daños, basado en evidencia- así como por no contarse con un marco regulatorio robusto, que garantice la protección del ambiente marino. En este sentido, Costa Rica lidera un grupo de países de pensamiento afín, entre ellos: Chile, España, Alemania, Panamá, Ecuador, Nueva Zelanda, Micronesia y Fiji.
Una de las iniciativas presentadas por el país, y acogida por un importante número de Estados, fue la creación de un Comité de Cumplimiento bajo mandato del Consejo, como un mecanismo para asegurar el acatamiento de la normativa por parte de los contratistas. Costa Rica llevará a cabo trabajo articulado para avanzar con esta iniciativa.
Otro logro de gran relevancia fue la aprobación por consenso de la propuesta presentada por Costa Rica para la realización de un estudio donde se analicen los costos ambientales de la minería, como la pérdida de servicios ecosistémicos y de biodiversidad.
Costa Rica logró también que se instruyera al Comité Técnico Jurídico la preparación de estándares para el establecimiento de Planes de Manejo Regional Marinos, tomando como base una propuesta elaborada por Costa Rica, Alemania y Países Bajos.
Otra importante decisión impulsada por el país fue el acuerdo para que se publicite el nombre de los contratistas que no cumplen con sus obligaciones en los informes anuales. Esto permitirá que haya más transparencia y mejor rendición de cuentas.
Como copresidenta del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Institucionales, la embajadora Guillén, junto con la embajadora de Chile, Constanza Figueroa, lograron el consenso para realizar un seminario que conduzca a la redefinición del término “control efectivo”, con el propósito de evitar que más “empresas fantasmas” (o shell companies, como se denominan en inglés) obtengan contratos sin tener verdadero respaldo económico que respondan en caso de darse un daño ambiental.
Al cierre de la 27 Sesión, y bajo el liderazgo y coordinación de Costa Rica, el Grupo de Latinoamérica y el Caribe (GRULAC) realizó un declaración conjunta por medio de la cual los países indicaron su acuerdo de que no debe iniciar la explotación del fondo marino hasta no contarse con un marco jurídico robusto, que garantice la efectiva protección del medio marino de acuerdo a lo dispuesto por el art. 145 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y bajo el principio del patrimonio común de la humanidad de los fondos marinos fuera de los límites de jurisdicción nacional.
Costa Rica fue electa al Consejo de la Autoridad para el período 2021-2025, y la embajadora Guillén fue seleccionada como Presidenta del Grupo de Países de Latinoamérica y el Caribe en marzo del 2020.
