San José, 26 ene (elmundo.cr) – El déficit fiscal de Costa Rica cerró en diciembre del 2017 en una cifra nunca antes vista en tres décadas de registros del Banco Central.
Según reveló el Ministerio de Hacienda, la diferencia entre ingresos y gastos del Gobierno alcanzó 6,2% del Producto Interno Bruto (PIB), superior al 5,3% registrado en diciembre del 2016.
Al mismo tiempo, el déficit primario, que lo constituye el gasto sin intereses de la deuda, se ubicó en 3,1% del PIB, superior al 2,4% que se había reportado en diciembre del 2016.
Si se toma en cuenta que cada punto del PIB (para el 2018) equivale a 330.783 millones de colones, el déficit fiscal superó en diciembre los 2 billones de colones, mientras que el déficit primario superó el billón de colones.
El vicepresidente de la República y ministro de Hacienda, Helio Fallas, afirmó que la ausencia de una nueva Ley del Impuesto sobre la Renta, un Impuesto al Valor Agregado y de una regla fiscal, impiden dar el salto hacia el saneamiento de las finanzas públicas.
“Desde inicios de gestión venimos ejecutando un proceso gradual de mejora para alcanzar la estabilización de las finanzas públicas. Dentro del marco de una legislación hacendaria obsoleta aplicamos medidas administrativas y hemos dado un salto importante en materia tecnológica, lo que ha permitido mejorar el comportamiento de las cifras tanto en gasto como en ingresos. También, al cierre del 2017 tenemos ocho nuevas leyes, que si bien empiezan a dar sus frutos, son solo parte de la propuesta que el Ejecutivo ha venido presentado a la Asamblea Legislativa desde el 2015 para fortalecer el sistema tributario y ordenar el gasto público”, dijo.
De acuerdo con Hacienda, los ingresos tributarios crecieron solamente 5,3%, convirtiéndose en la cifra más baja del último quinquenio; al tiempo que los gastos crecieron 9,1%, siendo la cifra más alta desde el año 2009.
“La desaceleración de la actividad económica, sumada al desfase histórico del diseño del impuesto general sobre las ventas con respecto a la estructura productiva actual, son factores que afectan su recaudación, la que del 2013 al 2017 se desacelera, al pasar de 4.7% a 4.4% del PIB”, explicó Fallas.
Y agregó: “La ley que le regula data de los años ochenta y actualmente la estructura productiva se basa principalmente en servicios, los cuales, en su mayoría no están gravados. Ello reafirma la necesidad de transformarlo a un impuesto al valor agregado (IVA), propuesta que está a la espera de aprobación en la Legislativa desde el 2015”.
Las autoridades señalaron como disparadores del gasto a tres factores principales: las obligaciones constitucionales y legales que aumentaron las transferencias del 7,5% al 7,9% del PIB del 2013 al 2017; el incremento en la deuda, que ha provocado un aumento sustancial de los intereses, al pasar de 2,5% a 3,1% del PIB en el mismo periodo; y la inversión en infraestructura vial y educativa, que se traduje en un aumento del gasto de capital de 1,6% a 2,0% del PIB,
