San José, 18 oct (elmundo.cr) – Nueve horas de deliberación culminaron con una decisión histórica en el seno de la Corte Suprema de Justicia: la suspensión de uno de sus Magistrados.
Celso Gamboa, quien lleva menos de un año como Magistrado de la Sala de Casación Penal, no podrá desempeñar sus funciones durante tres meses, mientras se indagan sus nexos con el empresario cementero, Juan Carlos Bolaños; propietario de la empresa Sinocem.
Aunque semanas atrás la Corte había declinado suspenderlo del cargo, nuevas revelaciones en torno al caso denominado como cementazo y las duras críticas que ha acarreado el Poder Judicial por este tema, hicieron que la unanimidad de la Corte Plena adoptara la decisión de apartar a Gamboa.
Según reveló el diario digital CRHoy, el boleto aéreo con el que el Magistrado viajó a Panamá entre el 9 y el 10 de octubre del año anterior se pagó con una tarjeta de crédito que también se usó, simultáneamente, para pagar el ticket aéreo de Juan Carlos Bolaños.
El Magistrado ha dicho que su viaje a Panamá se efectuó para comprar ropa para su bebé y que no coincidió con Bolaños más que en el avión, donde el empresario viajó en primera clase.
La prueba ya consta en el expediente del caso que lidera el magistrado Orlando Aguirre, presidente de la Sala II en contra de Gamboa, y fue suministrada por Copa Airlines, la cual dijo desconocer la identidad del propietario de la tarjeta.
Tras la revelación periodística, el presidente de la Corte convocó a una sesión extraordinaria para las 2 p.m. del miércoles, con el fin de conocer una solicitud de medida cautelar en contra de Gamboa, con el fin de apartarlo del cargo.
El Magistrado, sin embargo, presentó un documento para recusar a una decena de integrantes de la Corte Plena, alegando que algunos iban a ser testigos en los casos que se siguen en su contra, por relaciones de amistad o bien, porque habían adelantado criterio ante medios de comunicación.
Las recusaciones implicaban que ninguno de los magistrados señalados por Gamboa podía integrarse a la sesión de Corte Plena. Debido a ello, se convocó de urgencia a los suplentes, quienes debían empezar a conocer una a una las recusaciones presentadas para acogerlas o desecharlas.
Tras ocho horas y según confirmó la Oficina de Prensa del Poder Judicial, los magistrados rechazaron 9 recusaciones, permitiendo que la Corte pudiera pasar a conocer la medida cautelar. Pudieron regresar a la sesión los magistrados Carlos Chinchilla (presidente), Román Solís, Julia Varela, Flora Allón, Nancy Hernández, Fernando Cruz, Jesús Ramírez, Héctor Blanco y Doris Arias.
Fue al filo de las 11 de la noche que la prensa, apostada en las afueras de la Corte, conoció que Gamboa había sido suspendido, por unanimidad, de su cargo.
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El único Magistrado que salió a dar declaraciones fue Román Solís, integrante de la Sala I, quien tras anunciar el resultado de la votación afirmó que el caso que involucra a Gamboa ha causado una afectación a la imagen del Poder Judicial y su legitimidad.
“Cada uno de los magistrados y magistradas que integramos la Corte Suprema de Justicia no tenemos por qué estar soportando ese tipo de situaciones personales de ese funcionario”, declaró el Magistrado.
Según detalló, la medida se adoptó dado el conjunto de hechos que han salido a la luz, así como las solicitudes que plantearon tanto Carlos Chinchilla como dos gremios judiciales, para suspender del cargo a Gamboa.
“Es todo el conjunto de situaciones que han sido expuestas y generan una posición de crítica al desempeño de la persona y a la estabilidad del Poder Judicial, no es una sola conducta, es un conjunto de conductas”, explicó.
Solís evitó calificar como una “estrategia para ganar tiempo” la recusación planteada contra los otros magistrados, al afirmar que no puede entrar en la mente de Gamboa.
“(La recusación) es una institución establecida en la Ley General de la Administración Pública para estos trámites administrativos y también en la actividad jurisdiccional, está también la figura de la recusación. Los abogados litigantes, no siempre, pero la utilizan de vez en cuando para lograr objetividad en la resolución de su caso”, acotó.
Pese a que se rechazaron sus recusaciones, Gamboa aún tiene la posibilidad de presentar un recurso de revocatoria, el cual de acogerse podría dejar sin efecto su suspensión.
TRES SUSPENDIDOS Y UNA RENUNCIA
Gamboa se convirtió en el tercer alto funcionario de la Corte Suprema de Justicia que ha sido apartado de su cargo, debido a los manejos en torno al caso del cemento chino.
La primera en caer, sin embargo, fue la entonces Fiscal General Subrogante, Berenice Smith quien renunció tras revelarse que recomendó a la Sala III la desestimación de una causa seguida contra los diputados Víctor Morales y Otto Guevara, por ese caso, pese a que un informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) señaló miles de contactos telefónicos entre ellos y Juan Carlos Bolaños.
Smith dejó el cargo y regresó a su plaza como Fiscal Anticorrupción, sin embargo, ahora fue enviada a la Fiscalía Adjunta de Cartago, por decisión de la Fiscal General interina, Emilia Navas Aparicio.
Navas asumió el cargo de Jorge Chavarría, quien fue suspendido por la Corte Plena el XX de octubre anterior, por unanimidad, con el fin de que se investigue el actuar del Ministerio Público en los casos del cementazo, Crucitas, Soresco y otros sonados casos de corrupción.
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Asimismo, el Consejo Superior del Poder Judicial reubicó al fiscal adjunto de Crimen Organizado, Francisco Fonseca, por entrabar el caso del cemento chino en el Ministerio Público.
Fonseca fue movido de su puesto a solicitud de la Oficina de Inspección Judicial, por una “inapropiada” intervención en la tramitación de expedientes del caso del cemento chino, según confirmó una fuente de la Corte a EL MUNDO.
La separación de Fonseca estaría relacionada con una supuesta simulación de investigación, cuando en realidad, el caso del cemento chino no se estaba moviendo en la Fiscalía Adjunta contra el Crimen Organizado.
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