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Corrupción se quintuplicó desde 2015, según informe de la Fiscalía

Emilia Navas Aparicio, Fiscala General interina de la República durante una conferencia de prensa en el Ministerio Público, el 3 de noviembre del 2017. Foto: Luis Marigal / El Mundo CR

San José, 3 set(elmundo.cr)-  Emilia Navas, fiscal general brindó un informe en el que revela que los casos de corrupción aumentaron hasta cinco veces desde 2015, al pasar de 146 expedientes a un total de 740 en 2019.

Navas, en la conferencia virtual, señaló que «si se toma como referencia el 2015, el año pasado aumentó en cinco veces la cantidad de denuncias recibidas por presuntos actos de corrupción en el sector público, siendo la mayoría de estos de carácter muy complejo y de un impacto muy alto para el desarrollo del país».

Este  informe, además señala que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción en 2015 resolvió 191 casos, mientras que el año 2019 fueron 635 casos.

Navas, aseguró que«no es posible establecer si antes o en la actualidad se comete mayor número de delitos», sin embargo «El trabajo serio, comprometido y objetivo que ha realizado la institución ha incrementado la confianza de la población para denunciar», agregó.

Según Navas,  los casos de corrupción se les ha dado mayor prioridad en el Ministerio Público desde el 2019 por el daño económico y social que causa y que afecta a toda la población.

Desde el año pasado, se dictó una política de persecución penal enfocada en la tramitación de actos en las áreas específicas de salud, medio ambiente, educación pública, régimen municipal, telecomunicaciones, infraestructura vial, cooperativismo, financiamiento de partidos políticos, corrupción transnacional y actos cometidos por funcionarios judiciales.

Dentro de informe destacan otros datos de 2019, como que solo al despacho de la Fiscalía General ingresaron 93 expedientes, la mayoría de los casos (19,6 %) corresponden a delitos de prevaricato (resoluciones en contra de la ley), incumplimiento de deberes (15,7 %), tráfico de influencias (8,6 %) y enriquecimiento ilícito (7 %), entre otros.

Además, se tramitaron 66 casos contra personas que integran los Supremos Poderes, que gozan de inmunidad y que la Ley faculta únicamente al fiscal general a realizar la investigación.

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